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Redacción. Madrid Un estudio de la Fundación Alternativas concluye que el desarrollo de la Ley de Dependencia podría generar 635.000 empleos hasta 2015, convirtiéndose además en un nicho de ocupación “óptimo” para colectivos con mayores dificultades de acceso al empleo. Según recuerda el informe, el Libro Blanco sobre la atención a las personas en situación de dependencia en España publicado por el Imserso en 2005 preveía unos 260.000 empleos equivalentes a jornada completa en el horizonte de 2010, partiendo de la asunción de que, para esa fecha, la Ley ya estaría totalmente implantada. Sin embargo, esto no se ha cumplido. El trabajo ‘La Economía Social y la atención a la dependencia’ explica, asimismo, que las medidas tomadas por el Gobierno de Mariano Rajoy en el ámbito de la dependencia (revisión del calendario de aplicación, moratoria en la incorporación de los dependientes moderados o revisión de las cuantías de las prestaciones económicas, entre otras) “no son sino iniciativas de ajuste dirigidas a reducir el gasto”. Así, tan solo reconoce una medida que no va “directamente” en este sentido: la potenciación del papel del sector privado en la prestación de servicios. Aun así, explican, las consecuencias de esta medida serán se dejarán notar también en la reducción del gasto, en tanto en cuanto “la escasa cuantía de la prestación vinculada exige que el usuario complemente la financiación de los servicios en una proporción sin duda mayor que la que resultaría de aplicar las reglas de copago”. En el ámbito del empleo, el sociólogo Antonio Jiménez y Ángel Rodríguez, ex director general del Imserso, autores del estudio, se han mostrado “sorprendidos” por el hecho de ver que no está incluida en la agenda política “la elaboración compartida y pactada de un plan por el crecimiento y el empleo”. Así, en las páginas del estudio se preguntan “qué más tiene que pasar para abordarlo de forma prioritaria y paralela al plan que se está desarrollando de consolidación fiscal”. De este modo, echan en falta que la reforma de la Ley puesta en marcha por el Ejecutivo no incluya actuaciones dirigidas a hacer efectivo el potencial de la norma como generadora de empleo y de actividad económica.Así, el informe lanza una serie de propuestas, entre las que destaca “equilibrar” las prestaciones y servicios dentro del Sistema; desarrollar las que permanecen “prácticamente inéditas”, como la asistencia personal o las de prevención; potencial la ayuda a domicilio; promover un desarrollo equilibrado del sistema en todas las autonomías o adaptar la cartera y la forma de prestación de los servicios y ejercer un control real de la situación en la que se encuentra el beneficiario. Además, exploran la necesidad de recuperar la financiación estatal del nivel acordado; promover el afloramiento de empleos sumergidos o desarrollar la red de infraestructuras y servicios. Por último, proponen activar el espacio sociosanitario; fijar tarifas de concertación acordes con los costos reales de cada tipo de plaza residecial y asignar presupuestos suficientes para desarrollar e implantar el sistema. |
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