Redacción Médica
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La justicia restituye el abono de parte de la paga extra de 2012 a los funcionarios

El sindicato espera que se pronuncie en el mismo sentido en Comunidad Valenciana

Martes, 15 de octubre de 2013, a las 15:03

Redacción. Madrid
Los tribunales han dado la razón a CCOO en la reclamación de la paga extra que se había decidido dejar de abonar a los funcionarios. Así, mediante una sentencia firme dictada por un Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Madrid se reconoce el derecho a la restitución de la parte proporcional de la paga extra de 2012 (devengada antes de la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 20/2012 de 13 de julio).

Esta misma sentencia condena en costas a la Administración de la Comunidad de Madrid por un importe de un tercio de la cantidad a liquidar. Además, para que no existan desigualdades retributivas, el Decanato del lo Contencioso de Madrid ha decidido dictar todas las sentencias en el mismo sentido.

A pesar de que esta sentencia es sólo aplicable a aquellos trabajadores y trabajadoras que han realizado la demanda en la Comunidad de Madrid, desde el Área Pública de CCOO en el País Valenciano se ha instado a la Consejería de Hacienda y Administración Pública a que proceda, de oficio, al pago de las cantidades adeudadas a sus trabajadores y trabajadoras por el concepto en cuestión. En este sentido, este sindicato también ha presentado ya demandas similares en la Comunidad Valenciana y espera que el resultado de las sentencias sea similar a los de Madrid.

En caso de que la administración valenciana no proceda de oficio al abono de la cuantía adeudada, se corre el riesgo de una condena en costas que, como en el caso de Madrid, le obligaría al desembolso de millones de euros, algo que en las actuales circunstancias sería un acto de suma irresponsabilidad, señala CCOO en un comunicado. En cifras, y según los cálculos, la cantidad bruta a liquidar a los casi 128 mil trabajadores y trabajadoras dependientes de la administración valenciana sería de 73 millones, con lo que una posible condena en costas similar a la que ha impuesto la Justicia a la Comunidad de Madrid supondría una cantidad de unos 24 millones a nuestra administración.