18 nov 2018 | Actualizado: 18:10

La Junta advierte de que la reforma del aborto genera “inseguridad jurídica”

Considera que el sistema de plazos ofrece mucha más seguridad a los profesionales sanitarios

Sábado, 29 de marzo de 2014, a las 12:53

María José Sánchez Rubio, consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, y Emilio de Llera, consejero de Justicia e Interior.

Redacción.Sevilla
La Junta de Andalucía ha remitido al Ministerio de Justicia un informe sobre el anteproyecto de la Ley Orgánica para la Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embazada.

Así lo han informado este sábado la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, y el consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, quienes han destacado que tiene como una de sus conclusiones la retirada del anteproyecto. El informe recoge argumentaciones basadas en el ordenamiento jurídico sobre los derechos de la mujer que quedan vulnerados y y razones por las que coloca a los profesionales en una situación de inseguridad jurídica, así como aspectos técnicos en el ámbito de la salud pública que explican el peligro que la aplicación de la nueva norma supondría para la salud de la embarazada.

Según el documento presentado por la Junta, el cambio legislativo supondría “una vuelta a la situación de inseguridad jurídica para los profesionales, que puede llevar a que se retraigan muchos de ellos a la hora de hacer informes. El sistema de plazos, sin embargo, ofrece mucha más seguridad jurídica”.

Por otro lado, reitera que  la nueva legislación “vulnera el derecho a la autodeterminación libre, consciente y responsable de la mujer sobre su propia e íntima maternidad y sobre su integridad física y moral”. Por lo que constituye, según apunta el texto, “una alteración del disfrute de los derechos fundamentales de la mujer y constitucionalmente garantizados en el ámbito de su libertad y de autodeterminación personal”.

Sánchez Rubio se ha referido al anteproyecto de ley como un texto que “nos retrotrae a un sistema de supuestos, que nos devuelve a la España de hace más de 30 años en los que la interrupción voluntaria del embarazo no se consideraba un derecho”.

Este informe incluye, por segunda vez, la solicitud de retirada del anteproyecto en tanto pretende “instaurar un modelo que se desentiende de la necesaria seguridad jurídica de los ciudadanos”, ha apuntado el consejero de Justicia e Interior. De Llera ha manifestado que vulnera el derecho “a la autodeterminación, a tomar las decisiones más importantes de su vida, entre los que se halla el derecho a ser madre”. Es por ello que desde el Gobierno andaluz se defiende el mantenimiento de la Ley 2/2010 que “confiere una mayor seguridad jurídica y respeta la libertad de las mujeres” según ha señalado de Llera. El consejero ha insistido en que “las restricciones excesivas a la libertad de la mujer resultan prácticamente imposibles de justificar constitucionalmente”.