La situación ha llevado al cierre de varios operadores en el último año y medio



11 jul. 2013 14:03H
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Redacción. Valencia
La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte) ha denunciado que la administración valenciana debe a las empresas del sector más de 70 millones, correspondientes a deudas de 2013 e incluso anterior a 2012.

José María Moreno, presidente de Aerte.

De ese total, 12 millones corresponden a deuda anterior a 2012. Según explica la patronal en un comunicado, el vicepresidente José Císcar se había comprometido a pagar antes del 30 de junio. Sin embargo, el pago no se ha hecho efectivo. Los 59 millones restantes corresponden a deuda acumulada de 2013. Además, la patronal recalca que hay que añadir la deuda con los dependientes usuarios de las Prestaciones Vinculadas al Servicio (PVS), subvenciones individuales directas al usuario que permiten al dependiente elegir qué servicio y en qué centro quiere ser atendidos.

Cierre de centros de un sector generador de empleo.  

La patronal de la dependencia lamenta el cierre este mes de julio de otro de sus centros asociados en la Comunidad Valenciana con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo, concretamente, una residencia de tercera edad en Santa Pola. La falta de dotación presupuestaria por parte de la administración central y autonómica, unida a una política de concertación de plazas poco equitativa, está afectando al sector de la dependencia que ha visto como en menos de año y medio se han cerrado en la Comunidad Valenciana varios centros de tres de los grandes operadores, tanto a nivel autonómico como nacional, junto a otros más pequeños. Esto supone en total 400 plazas menos y unos 200 puestos de trabajo perdidos de un sector generador de empleo directo que afecta a un segmento de la población especialmente castigado por la crisis.

Solo si se utilizaran las 5.000 plazas que actualmente están vacías se generarían 2.500 puestos de trabajo directos en la Comunidad Valenciana (1.750 en Valencia, 500 en Alicante y 250 en Castellón). Actualmente, trabajan en la red de Aerte más de 14.000 personas, dando servicio socio sanitario a más de 22.000 dependientes.

Se incumplen derechos

Desde Aerte se desea puntualizar que el sector de la dependencia, que requiere de una alta inversión por parte de las empresas, se está resintiendo de forma especial por la crisis y la lentitud de las administraciones en resolver las dotaciones presupuestarias comprometidas. Esta situación, pone al borde del cierre a más centros, sobre todo de pequeño tamaño que tienen incluso dificultades para poder cerrar, ya que no pueden permitirse gestionar fácilmente los expedientes de cese de actividad.

La política de la administración valenciana impide además que se cumpla el derecho de las personas dependientes y sus familiares a escoger de forma libre el centro especializado donde desean ser atendidos, cuya consecuencia es la asignación no igualitaria de plazas entre los centros residenciales. Durante este año, todas las plazas que se han asignado directamente desde la Conselleria de Bienestar Social se han otorgado sin dar, no ya la posibilidad al derecho de elección libre del usuario a escoger centro, sino ni siquiera a elegir la zona.  

Por otro lado, cabe recordar que 11.000 dependientes, en algunos casos anteriores a 2011, tiene reconocido su derecho a recibir asistencia socio sanitaria, pero no la reciben por falta de resolución de sus expedientes.
 

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