La ley de cuidados paliativos, “necesaria” para el PSOE, “inadecuada” para el PP y “oportunidad perdida” para IU

Leire Sopuerta Biota. Madrid
Aunque los grupos parlamentarios no han recibido aún el anteproyecto de la Ley Reguladora de los derechos de la persona ante el proceso final de la vida, los partidos políticos ya se han posicionado y con visiones bien distintas. Mientras que el PSOE considera que es una ley “necesaria”, el PP apuesta por un Plan Nacional de Cuidados Paliativos e Izquierda Unida cree que es una “oportunidad perdida”, al no tratar la eutanasia y el suicidio asistido.

Pilar Grande, del PSOE.

La portavoz del PSOE en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, Pilar Grande, considera que es una ley “necesaria, que garantiza por ley los derechos de los pacientes y da seguridad jurídica a los profesionales”. Por ello, ha destacado la importancia de que se trate y se debata en el Consejo Interterritorial. Asimismo, ha puesto de relieve que el Gobierno “ha contado con la colaboración de distintos colectivos implicados (profesionales sanitarios y pacientes), con el objetivo de conseguir el máximo consenso posible”. Grande ha asegurado a Redacción Médica que “ni a Rouco Varela le ha parecido mal” y que “quien se oponga tendrá que explicar por qué”.

Sin embargo la postura del PP es totalmente opuesta. Ana Pastor, coordinadora de Participación Social del Partido Popular, ha evitado manifestarse sobre la futura norma “hasta que no se nos entregue un texto sobre el que opinar”. Si bien, apuesta por el desarrollo de un Plan Nacional de Cuidados Paliativos, más que por la norma en la que trabaja el Gobierno. Más aún, ha dicho, cuando ya existe la Ley de Autonomía del Paciente.

Ana Pastor, del PP.

La propuesta del PP pide que dicho plan incluya el desarrollo de un marco regulatorio y una normativa de la cartera de servicios de cuidados paliativos a los terminales, que garantice la equidad de los ciudadanos en todo el territorio nacional. Además, propone un informe de evaluación relativo a las prestaciones actuales sobre cuidados paliativos en cada comunidad autónoma. Y sugiere la puesta en marcha de áreas de capacitación específicas en medicina y enfermería paliativa en los términos previstos en la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias.

Iniciativa que para el PSOE “llega tarde y mal”, porque “no se trata de hacer planes, sino de garantizar por ley los derechos de los pacientes y dar seguridad jurídica a los profesionales”.

Por su parte, Gaspar Llamazares, diputado de IU, cree que es una ley “simbólica, más que real”. A su juicio esta norma es “una ordenación de textos legales ya existentes que no significan un gran cambio”.

Llamazares, de IU

Por ello, considera que la aprobación de este texto es “una oportunidad perdida” porque “no habla ni de eutanasia ni de suicidio asistido”. Además, sobre “voluntades anticipadas, tratamientos en el momento final de la vida o cuidados paliativos ya hablan otros textos, por tanto, esta ley refunda iniciativas nacionales y autonómicas ya existentes”. “Es un texto poco novedoso y no confío en que se puedan introducir cambios”, ha declarado a Redacción Médica.

El también presidente de la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados cree que esta norma “tampoco significa una garantía jurídica adicional ni para pacientes ni para profesionales sanitarios, están tan cubiertos o descubiertos como antes”.

Esta norma, según Llamazares, representa la forma de legislar del PSOE, “una política de imagen y un contenido light” porque “pretende contentar al sector progresista y no enfadar al conservador”.

Las alegaciones del Consejo General de Enfermería

El Consejo General de Enfermería ha presentado al Ministerio de Sanidad sus alegaciones. En el documento enviado, el presidente de la entidad, Máximo González Jurado, asegura que el anteproyecto es “muy oportuno” porque “viene a poner orden, coordinación y homogeneización en la normativa autonómica cada vez más abundante”.

Máximo González Jurado.

Si bien, cree necesario “reconocer la relevancia de la actuación de los enfermeros en el proceso final de la vida”. “Abundan en el articulado las menciones al personal médico, sin perjuicio de lo cual, resulta imprescindible ampliar dichas referencias a los enfermeros”, según González Jurado.

El Consejo cree que “sería muy recomendable incluir referencias a la posibilidad de crear en los centros asistenciales unidades específicas de cuidados paliativos”, así como formación en atención a pacientes en fase terminal para personal de enfermería tanto en el grado como en el posgrado.

También en sus alegaciones solicita más concreción en lo que se refiere a la seguridad jurídica de los profesionales sanitarios. Y creen que junto a la figura del médico responsable se debería incorporar la del enfermero responsable.