14 nov 2018 | Actualizado: 21:20
Lunes, 14 de octubre de 2013, a las 17:45

Redacción. Valencia
La Generalitat Valenciana adeuda a las empresas encargadas de la gestión de residencias públicas más de 38,5 millones de euros, según datos de la Asociación Valenciana de Empresas de Gestión de Residencias Públicas (Avrep), que ha denunciado además que esta deuda se incrementa mensualmente en más de 3 millones de euros “ante la ausencia de medidas para paliarlo”.

La consejera de Bienestar Social, Asunción Sánchez.

La situación del sector valenciano es complicada, como muestran las denuncias de la propia Avrep y de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes (Aerte), que el pasado 4 de octubre reclamaba la intervención del Ministerio de Hacienda para solventar la deuda de la Generalitat con el sector, cifrada por Aerte en 100 millones.

En un comunicado, Avrep ha explicado que “la operatividad de la red de centros públicos podría verse afectada en las próximas semanas”. Según la asociación, esta red, que está compuesta por 40 centros sociosanitarios, podría “terminar por reducirse a solo 12 recursos ante la situación desesperada en la que se encuentran 28 centros”. Cabe recordad que estas empresas no han sido incluidas en el Plan de Pago a Proveedores impulsado por la Generalitat Valenciana.

“La falta de respuesta del Gobierno valenciano puede afectar al funcionamiento de estos recursos sociosanitarios en los próximos meses”, ha lamentado Avrep, que advierte que, de continuar esta situación, “se pondría en peligro el 70 por ciento de la red de centros de la Generalitat de atención a personas mayores dependientes mediante gestiones integrales”.

Asimismo, Avrep ha denunciado que, teniendo en cuenta el incremento constante de la deuda, esta podría alcanzar casi 50 millones en el mes de diciembre y superaría el año de retraso, “situación que no se ha producido en ninguna otra autonomía y que deja en una posición insostenible a gestores, trabajadores y dependientes valencianos”.

Por ello, desde la Asociación Valenciana de Empresas de Gestión de Residencias Públicas, que agrupa a prácticamente el 100 por cien de los operadores y centros del sector, se ha solicitado al Gobierno valenciano el cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público y, en este sentido, se ha demandado que se salde la deuda con estos centros con la partida presupuestaria correspondiente, que se encuentra validada por la intervención.