Enrique Pita / María Márquez. Madrid
Las citadas comisiones delegadas, integradas por el Imserso y los directores generales autonómicos del ramo, se han reunido por última vez a mediados de febrero. Con un mapa autonómico dominado por el Partido Popular y siendo la Ley de Dependencia uno de los temas que más han salido a colación en las primeras tomas de contacto de la ministra con los consejeros de sanidad y servicios sociales, se prevé que el revulsivo anunciado por Mato se haga realidad en pocos meses. Para la ministra, el modelo de financiación ha sido “un fracaso” y de ahí que prepare “una evaluación profunda y rigurosa” de la norma que tenga como objetivo reformar un modelo que ha provocado grandes diferencias asistenciales entre autonomías. El pasado año ha supuesto un punto de inflexión para la aplicación de la Ley. Con el estancamiento de los acuerdos interterritoriales, la exministra Leire Pajín llevó al Consejo de Ministros medidas (incorporación Grado I nivel 2, prestaciones económicas y nivel mínimo de protección,) que en la práctica se han estancado. La valoración de los primeros cuatro años de la norma, presentada en abril de 2011, tampoco arrojó mucha luz al asunto y provocó, una vez más, conflictos políticos derivados de las autonomías ‘colistas’, como Madrid o Comunidad Valenciana, que rechazaron las ratios ministeriales. La moratoria ahorraría solo 80 millones de euros
A esta situación se suma el llamado “limbo de la dependencia”, es decir, personas que esperan que se haga efectivo el derecho reconocido asignándoles una prestación o servicio. Según datos aportados por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales se encontrarían en esta situación unas 305.000 personas, si bien con el citado Real Decreto-ley de medidas urgentes habría que restar esos 29.000 dependientes moderados Grado I, nivel 2 a los que no se les ha asignado el Programa Individualizado de Atención, lo que, de algún modo, maquilla las cifras (276.000 dependientes). Según explica el presidente de la Asociación, José Manuel Ramírez, hay autonomías que han hecho bien su labor, como Castilla y León o País Vasco, donde el limbo de la dependencia es menor, pero hay otras, como la Comunidad Valenciana, donde el problema es muy importante y se traduce en impagos y amplios retrasos. Aun así, Ramírez señala que alguna de las medidas que el Ministerio ha anunciado que quiere poner en marcha, como la revisión de los baremos o valorar la financiación priorizando los servicios a las prestaciones económicas, “suenan bien, pero habrá que ver la letra, que, a excepción del recorte en la incorporación de los moderados, no conoceremos hasta la presentación de los Presupuestos Generales del Estado”, y entonces podremos decir si se sigue el modelo valenciano o el de Castilla y León, que es una de las autonomías donde mejor se aplica la norma. |
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