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María Márquez / Imagen: Pablo Eguizábal. Madrid La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ultima estos días sus dictámenes sobre las 80 peticiones de inconstitucionalidad recibidas del Real Decreto 16/2012. Izquierda Unida, de la mano de sus portavoces en Sanidad, Gaspar Llamazares y Caridad García, se han sumado a estas solicitudes, la vía que debe utilizar este partido dado que no cumplen el requisito mínimo para acudir directamente al Tribunal Constitucional al no contar con 50 diputados o senadores en las Cámaras. Llamazares defiende que la norma cambia el modelo, establece “repagos que dificultan” el acceso paritario a la sanidad, y “lesiona” los derechos de los inmigrantes.
Al respecto, Llamazares ha admitido ante la prensa su “escepticismo” por la “dificultad” que conlleva tanto el trámite ante el TC como las resoluciones posteriores de este. Sin embargo, el portavoz de IU ha recalcado que utilizarán “todos los mecanismos democráticos, como el Parlamento, el Defensor del Pueblo y la calle, para evitar que paguen la crisis los que no la han provocado y están en la situación más frágil, como los enfermos, los crónicos y los pensionistas”. |
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