Redacción Médica
26 de septiembre de 2018 | Actualizado: Martes a las 21:50

La Cámara pide que se regulen las características técnicas y el equipamiento del transporte sanitario

Se insta al Ejecutivo foral a efectuar una “evaluación del transporte sanitario y valorar las posibilidades de mejora a través de una reorganización del mismo”.

Viernes, 26 de abril de 2013, a las 15:47

Redacción. Pamplona
El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado, por unanimidad, una moción por la que se insta al Gobierno foral a "aplicar y regular urgentemente lo dispuesto en el Real Decreto 836/2012, por el que se establecen las características técnicas, el equipamiento sanitario y la dotación de personal de los vehículos de transporte sanitario por carretera".

Marta Vera, consejera de Salud.

La resolución aprobada incluye un segundo punto en el que, a su vez, se insta al Ejecutivo Foral a "establecer las condiciones, los procedimientos y los medios educativos para la obtención de las acreditaciones y habilitaciones que son requisito para los auxiliares y conductores de ambulancias asistenciales establecidas en el Real Decreto 836/2012".

Del mismo modo, ya en un tercer apartado, se exhorta al Gobierno de Navarra a "elaborar un registro de técnicos en transporte sanitario residentes en Navarra".

Igualmente, se insta al Ejecutivo foral a efectuar una "evaluación del transporte sanitario y valorar las posibilidades de mejora a través de una reorganización del mismo".

Además, se solicita la "creación de una dirección médica, adjunta a la de Protección Civil, que intervenga en la organización y regulación de las emergencias sanitarias en Navarra". Este epígrafe es producto de una enmienda de modificación suscrita por Izquierda-Ezkerra, titular de la iniciativa, junto a Bildu.

En la exposición de motivos, la resolución impulsada por I-E apremia al Departamento de Salud a regular "todo lo relativo a las exigencias de titulación y habilitación de auxiliares y conductores de ambulancias", apartado éste en el que "no se ha adoptado medida alguna", a pesar de que el plazo estipulado en el Real Decreto, en vigor desde mediados de 2012, "no superaba los dos meses".