También hará un informe sobre el Consorcio Sanitario de Alta Resolución



21 ene. 2013 18:48H
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Redacción. Zaragoza
El presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón, Antonio Laguarta, ha entregado al presidente de las Cortes, José Angel Biel, el programa anual de fiscalización para el año 2013, aprobado por el Consejo del órgano de control externo en diciembre, teniendo en cuenta las prioridades expresadas por los grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón y que constará de diez informes sobre la actividad de instituciones aragonesas.

Antonio Laguarta.

El programa anual es la relación de informes de fiscalización que la Cámara de Cuentas prevé elaborar durante el año 2013 e incluye tanto las fiscalizaciones que han de realizarse por mandato legal, como las solicitadas por las Cortes de Aragón y aquellas que la Cámara decide ejecutar por su propia iniciativa. Este programa para el año 2013 consta de 10 informes de fiscalización, referidos tanto al ámbito de la Administración autonómica como al de los entes locales aragoneses, incluyendo en ambos casos dentro del alcance de las fiscalizaciones a todos sus organismos, entidades, sociedades y resto de entes dependientes.

De forma específica, se fiscalizará la gestión realizada en 2012 por el Instituto aragonés de Empleo, el Banco de Sangre y Tejidos y el Consorcio Sanitario de Alta Resolución. El Programa de Fiscalización para 2013 es resultado de las propuestas de fiscalización expresadas tanto por las Cortes como por la propia Cámara de Cuentas de Aragón pues, de acuerdo con su Ley de creación, corresponde al organismo de fiscalización la aprobación del Programa Anual de Fiscalización, en el que debe incorporar como parte integrante y vinculante las prioridades expresadas por las Cortes de Aragón.

Además de los objetivos específicos de control que constituyen la parte esencial de su actividad, la Cámara de Cuentas de Aragón se fija como objetivos globales para el presente año contribuir a la utilización óptima de los recursos públicos, servir para aumentar la eficiencia en la gestión de las administraciones públicas y alcanzar la máxima incidencia social con sus trabajos de fiscalización, contribuyendo a un mejor conocimiento por parte de los ciudadanos de la gestión pública.

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