Redacción. Vitoria
La directora de Investigación e Innovación Sanitaria del Gobierno, María Agirre, ha reconocido que la consecución de la acreditación oficial de Biocruces como instituto de investigación sanitaria arrastra cierto retraso, aunque ha subrayado que el "objetivo" es lograr esta certificación en 2014.
María Agirre, directora de Investigación e Innovación Sanitaria.
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Agirre, junto al consejero de Salud, Jon Darpón, ha comparecido ante el Parlamento para informar sobre el proceso de acreditación oficial de Biocruces como Instituto de Investigación Sanitaria por parte del Instituto Carlos III.
Tal y como ha reconocido, este proceso arrastra un cierto retraso. Agirre, sin embargo, ha afirmado que el "objetivo" es lograr esta certificación en 2014. Hasta la consecución de esta distinción, tal y como ha destacado, el centro -en el que trabajan 600 personas, la mayor parte de ellos médicos- "seguirá desarrollando su actividad".
La obtención de este reconocimiento por parte del Instituto Carlos III "representa un sello de calidad y de pertenencia a una elite de centros" y supone "un elemento instrumental", puesto que permitirá "acceder a una financiación específica para seguir apoyando a los investigadores y su labor científica", según se ha reconocido desde el Gobierno autonómico.
Asistencia "universal"
Por otra parte, en esta misma sesión de la Comisión de Salud del Parlamento vasco, Darpón se ha referido a la asistencia sanitaria que Osakidetza ofrece a las personas en situación administrativa irregular que se encuentren empadronadas en Euskadi desde hace menos de un año.
Al igual que en anteriores ocasiones, el consejero de Salud ha destacado que, pese a que para poder acceder a una tarjeta sanitaria, estas personas deben tener una antigüedad de más de un año de empadronamiento en Euskadi, esto no impide que puedan disponer de un médico de familia en la red del Servicio Vasco de Salud.
De esa forma, ha insistido en que el Gobierno vasco garantiza la "universalidad" de la asistencia sanitaria pública con "seguridad jurídica" y sin necesidad de actuar "por la puerta de atrás o de forma chapucera".
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