Redacción Médica
17 de julio de 2018 | Actualizado: Martes a las 15:50
Viernes, 23 de diciembre de 2011, a las 16:30

Redacción. Pamplona
Txema Mauleón Echeverría, miembro del Grupo Parlamentario Izquierda-Ezkerra, ha registrado en la Cámara autonómica, para su debate y votación en la Comisión de Política Social, una moción por la que se insta a tomar las medidas necesarias para mantener la compatibilidad de las Ayudas a la Dependencia, previas al Decreto-ley Foral 1/2011, de 6 de octubre.

Txema Mauleón Echeverría.

En la exposición de motivos, Izquierda-Ezquerra asegura que el decreto-ley foral 1/2011, de 6 de octubre, establece la incompatibilidad de todas las prestaciones recogidas en la cartera de servicios de ámbito general en el ámbito de atención a la dependencia, pero facultaba a la Consejera de Política Social, Igualdad, Juventud y Deporte para determinar, mediante orden foral, la compatibilidad entre algunas de dichas prestaciones.

El ahorro mensual que supondría que todos los usuarios que compatibilizan el Servicio de Atención a Domicilio (SAD) municipal con el Centro de día optasen por el Centro de día sería de 17.611,58 euros. Si finalmente, el conjunto de usuarios  optan por priorizar el Centro de Día frente a la Ayuda Económica, el ahorro de costes del Gobierno de Navarra rondará los 1,6 millones de euros.

Sin embargo, como afirma la entidad Federación de Asociaciones y Entidades Navarras a favor de las personas con Discapacidad Intelectual, se da la paradoja de que, si todos los usuarios de estas prestaciones optasen por una prestación garantizada como la el servicio de residencia, el coste para el Gobierno de Navarra sería seis veces superior.

A juicio de Izquierda-Ezquerra, esta merma en los derechos sociales de estas personas (que cabe recordar cuentan con ayudas siempre que no superen un determinado límite de renta) afecta de manera muy grave a su situación social y va en contra del principio de la Ley de Dependencia, que establece “la permanencia de las personas en situación de dependencia, siempre que sea posible, en el entorno en que desarrollan su vida”.

Por tratarse de un recorte de derechos sociales que afectan a un colectivo de personas especialmente vulnerable; porque el presunto ahorro puede transformarse posteriormente en sobrecoste; y porque vulnera los principios de la ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, se presenta dicha propuesta.