18 nov 2018 | Actualizado: 19:00
Martes, 17 de abril de 2012, a las 19:19

subasta andaluza de fármacos
SUBCOMISIÓN DE SEGUIMIENTO NORMATIVO, PREVENCIÓN Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Hacienda abre una nueva vía de negociación para que la Junta retire la subasta
El ministerio alega que, en caso de que no haya acuerdo, ya se ha planteado al Constitucional el conflicto positivo de intereses

Javier Leo / Redacción. Madrid

Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha hecho público a través del Boletín Oficial del Estado (BOE) la puesta en marcha de la Subcomisión de seguimiento normativo, prevención y solución de controversias de la Comisión bilateral Junta de Andalucía-Estado sobre la subasta de fármacos andaluza, suspendida tras el recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) interpuesto por el Gobierno el pasado 30 de marzo. Los objetivos acordados por el nuevo organismo, previstos en el punto 33.2 de la Ley Orgánica 2/1979 del TC, son “iniciar negociaciones para resolver las discrepancias” entre Gobierno nacional y autonómico, así como “designar un grupo de trabajo para proponer a la Subcomisión la solución que proceda”.

Según ha explicado a Redacción Médica el departamento que dirige Cristóbal Montoro, se trata de un “mecanismo paralelo” de negociación entre Andalucía y el Gobierno central, derivado de la denuncia de

María Jesús Montero, consejera de Salud en funciones de la Junta de Andalucía.

inconstitucionalidad interpuesta por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. En síntesis, indican, “se trata de que la comunidad y el Estado se pongan de acuerdo en un plazo de seis meses”. “Si el Estado tuviera razón”, apuntan, “Andalucía se vería obligada a retirar el decreto”, mientras que en el caso de que no haya acuerdo, “ya se ha planteado al TC el conflicto positivo de intereses”.

La decisión de recurrir al TC, adoptada por el Consejo de Ministros a finales de marzo y avalada por un dictamen favorable del Consejo de Estado, se basa en lo que el Gobierno entiende como una vulneración “clara” de las competencias estatales, y por tres motivos diferentes: la subasta andaluza fija la regulación de prescripción de medicamentos sin tener competencia para ello, puesto que quien tiene la competencia en materia de legislación farmacéutica es el Estado; modifica la cartera básica de servicios establecida por el Estado, excluyendo prestaciones a las que podría acceder aplicando la normativa básica, y por último, establece un régimen que viene a modificar la cobertura de la prestación de financiación de fármacos del Sistema Nacional de Salud.