Redacción Médica
20 de septiembre de 2018 | Actualizado: Jueves a las 18:30

Gobierno y PSOE coinciden en la necesidad de regular el cigarrillo electrónico

El Ejecutivo se muestra favorable a la regulación en una respuesta parlamentaria dirigida a CiU, mientras que el PSOE ha presentado una PNL

Jueves, 12 de diciembre de 2013, a las 18:39
Redacción. Madrid
El Gobierno se ha mostrado favorable a regular los cigarrillos electrónicos como tabaco, en línea con la posición del Parlamento Europeo. Así se desprende de una respuesta parlamentaria a la diputada de CiU, Lourdes Ciuró. Esta respuesta coincide con una Proposición no de Ley registrada por el PSOE en el Congreso de los Diputados en la que propone un estudio “inmediato y exhaustivo” y una regulación para este producto.

En su respuesta a Ciuró, el Ejecutivo del PP reconoce que son productos “problemáticos” al no haber sido evaluados por las autoridades en ningún país, lo que ha llevado al Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco a crear un grupo de trabajo para determinar los componentes añadidos a estos productos y la composición de los humos.

Así, el Gobierno se muestra partidario de regular estos cigarros electrónicos equiparándolos a los productos del tabaco, lo que permitirá una “evaluación de la calidad, la seguridad y la eficacia que permitirá tomar medidas sobre el conocimiento real de los productos”.

El PSOE pide un estudio “inmediato y exhaustivo”

Por su parte, el PSOE propone en su PNL que la Agencia Española del Medicamento y Producto Sanitario (Aemps) y el Instituto Nacional de Consumo (INC) inicien “un estudio exhaustivo sobre la composición de estos productos” para poder determinar la existencia de sustancias no declaradas entre sus componentes y su posible impacto nocivo sobre la salud.

Además, quiere que el próximo Consejo Interterritorial incluya en su orden del día un informe previo y toma de acuerdo para coordinar con las autonomías el uso, la promoción, la venta y la comercialización de los cigarros electrónicos. Por último, propone que “hasta que se tomen los acuerdos definitivos”, y en base a los estudios presentados al Consejo Interterritorial, se adopten medidas en base al principio de precaución en cuanto a la limitación de su uso, venta y comercialización.