Redacción. Madrid
En la carta advierten de la gravedad de la situación tanto para las empresas nacionales del ámbito sanitario como para las compañías que operan en España, teniendo en cuenta el tamaño e importancia de este mercado en relación con otros países de nuestro entorno. En concreto, denuncian que la deuda actual con la industria farmacéutica y con la de productos de tecnología sanitaria asciende a más de 12.000 millones de euros, con una demora media en el pago de más de 500 días, lo que coloca a España en una situación insostenible que ha provocado ya el cierre de muchas empresas y una reducción continua del número de empleos directos e indirectos, con riesgo real de que se produzcan problemas de suministro de algunos productos.
En este sentido, lamentan la actual situación de indefinición y reclaman soluciones coincidiendo en el tiempo con el inicio de la actual legislatura. En su escrito al presidente del Gobierno, los organismos firmantes señalan que, aunque el anuncio de la concesión de créditos extraordinarios para las comunidades autónomas y la intención del Gobierno de respaldar a las autonomías constituyen mensajes positivos, no son suficientes, y advierten que si no se actúa sobre el problema de la deuda sanitaria se deteriorará aún más la credibilidad y la imagen de España como país fiable para inversores y compañías, y se llevará a muchas empresas nacionales a la quiebra.
Ante este escenario altamente preocupante, proponen una serie de medidas para la estabilidad frente a la deuda sanitaria de las comunidades, que dirigen tanto al presidente del Gobierno como a los diferentes Ministerios implicados en su actividad (Economía y Competitividad; Hacienda y Administraciones Públicas; Industria, Energía y Turismo; Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad), tales como la identificación de un interlocutor único en el Ejecutivo y el diseño de un mecanismo, respaldado por el Gobierno central, que establezca un calendario de pagos fiable, con la garantía de que el dinero efectivamente va a llegar a las empresas del sector; y establecer un marco que asegure la aprobación de presupuestos realistas que eviten la infrafinanciación (en 2010 y 2011, los presupuestos autonómicos descendieron respectivamente un 8% y un 10% de media frente al gasto real del año anterior), una gestión eficiente y racional de los presupuestos y una despolitización de la Sanidad, en la que la toma de decisiones se base en motivos asistenciales y no electorales, y cambios regulatorios que doten a las empresas de protección jurídica en su actividad con las administraciones. |