Redacción Médica
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FEFE entrega cartas en Sanidad y Administraciones Públicas contra el Decreto 2/2013

Piden la intercesión de los ministros para derogar la norma autonómica

Miércoles, 10 de julio de 2013, a las 17:07

Redacción. Madrid
La Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) ha entregado este miércoles en los ministerios de Sanidad y Administraciones Públicas un total de 1.539 cartas, de 2.200 titulares de oficinas de farmacia en las que manifiestan su profundo rechazo al Decreto Ley 2/2013 y su "enorme preocupación" por la imposición de una norma de marcado carácter inconstitucional, tal y como ha asegurado la entidad basándose en el informe jurídico elaborado por el despacho de abogados Ariño y Villar.

Los miembros de FEFE, liderados por el presidente, Fernando Redondo.

Esta entrega es la materialización del mandato expreso de la Asamblea General de FEFE celebrada en Valencia el pasado 11 de abril tras constatar el profundo malestar y la honda preocupación de los farmacéuticos valencianos.

Reconocimiento implícito de  la inconstitucionalidad de DL

En un comunicado, FEFE ha destacado que la sentencia de 6 de junio de 2013 dictada por el Tribunal Constitucional sobre la cuestión de inconstitucionalidad elevada por el Tribunal Supremo frente al sistema de concertación selectiva establecido por Ley Foral 12/2000 de Navarra- que inspira el texto del Decreto Ley Valenciano- declara, sin ambages, la inconstitucionalidad de los sistemas de concertación selectiva, pues la oficina de farmacia presta un servicio público (la dispensación de medicamentos), así como las restricciones a los medicamentos que impone la norma a los pacientes al que todos los ciudadanos tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad.

FEFE solicita al Estado que intervenga, en caso de que la comisión mixta no llegue a una solución, y que apoye al sector de forma inmediata comprometiéndose a interponer un recurso de inconstitucionalidad frente al citado Decreto Ley, especialmente teniendo en cuenta que próximamente se cumplirá el plazo de impugnación ante el Tribunal Constitucional.