Redacción Médica
23 de septiembre de 2018 | Actualizado: Domingo a las 14:00

Farmaindustria estudiará adoptar medidas legales por la decisión del Sescam de retirar de la prescripción 147 fármacos

La medida “restringe la capacidad del médico, quebrando el espacio de su relación con el paciente”

Martes, 29 de marzo de 2011, a las 11:16

Redacción. Madrid
Farmaindustria ha apelado al “buen juicio” de las autoridades sanitarias de Castilla-La Mancha, tras la decisión del Servicio de Salud (Sescam) de retirar del programa de prescripción de médicos 147 medicamentos, para que “deje sin efecto esta medida”, y señala que estudiará la posibilidad de adoptar las oportunas acciones legales para hacer frente a esta decisión.

Jordi Ramentol preside Farmaindustria.

Según informa en un comunicado, esta decisión "provocará una importante pérdida de puestos de trabajo", además de que "priva a los pacientes castellano-manchegos de medicamentos a los que ciudadanos de otras regiones pueden seguir accediendo con normalidad". "Se trata de una medida discriminatoria para los ciudadanos castellano-manchegos, a los que se priva del acceso a medicamentos en condiciones de igualdad respecto a ciudadanos de otras comunidades e incluidos en la financiación aprobada por el Ministerio de Sanidad y Política Social para todo el territorio nacional", añade.

Con esta decisión, se restringe la capacidad de prescripción de los médicos, "quebrando el espacio de su relación con los pacientes, a los que se va a ocasionar serios perjuicios con el pretexto de conseguir unos ahorros en las cuentas públicas que serán insignificantes, pues muchos de los medicamentos afectados tienen muy bajo coste".

Asimismo, duda de las supuestas razones de sostenibilidad económica y, entiende que, en ningún caso puede "justificar que se rompa la equidad del sistema sanitario recortando los derechos de los pacientes, y convirtiéndolos en ciudadanos de segunda". Por otra parte, afirma que esta medida supone, "además, un paso más en la ruptura de la cohesión del SNS, una quiebra en la equidad en el acceso a una prestación básica, como son los medicamentos, y un nuevo elemento de agresión en los derechos de las empresas farmacéuticas titulares de medicamentos autorizados e incluidos en la prestación sanitaria pública". "Al tiempo que perjudica al resto de los sectores que intervienen en la cadena del medicamento, como son la distribución y los farmacéuticos con oficina de farmacia".