Redacción Médica
22 de julio de 2018 | Actualizado: Sábado a las 20:00

Farmaindustria pide al Gobierno que recurra ante el Constitucional la subasta de fármacos andaluza

Argumentan que se están invadiendo competencias estatales y que los medicamentos innovadores serán “expulsados de facto” del mercado andaluz

Miércoles, 08 de febrero de 2012, a las 18:58
Redacción. Madrid

Jordi Ramentol, presidente de Farmaindustria.

La patronal de las farmacéuticas en España (Farmaindustria) ha anunciado que está estudiando la adopción de acciones legales contra la resolución del Servicio Andaluz de Salud (SAS) por la que se anuncia la convocatoria de una subasta para la selección de medicamentos a dispensar por las oficinas de farmacia andaluzas en caso de prescripción por principio activo. Con esta decisión, explican desde Farmaindustria, la Junta de Andalucía pone en marcha un procedimiento que “vulnera e invade competencias constitucionales propias y exclusivas del Estado en materia de inclusión de medicamentos en la prestación farmacéutica pública y en materia de fijación de precio de los medicamentos financiados con cargo al SNS”.

Asimismo, supone “una ruptura de la igualdad en el acceso a la prestación farmacéutica”, ya que con la subasta andaluza se excluirán de la dispensación con cargo al SAS medicamentos que sí contempla el

María Jesús Montero, consejera de Sanidad de Andalucía.

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para ser dispensados en caso de prescripción por principio activo. “Se está cercenando el acceso de los andaluces a cientos de medicamentos en la búsqueda de unos ahorros que en ningún caso van a conseguir solucionar las tensiones presupuestarias del sistema público de salud”, aseveran desde la patronal.

Por otra parte, desde un punto de vista industrial, el decreto andaluz implica que los laboratorios innovadores “van a ver discriminados y expulsados de facto del mercado andaluz sus productos”, infringiendo incluso la normativa europea. En este sentido, Farmaindustria va a solicitar al Gobierno que interponga recurso de inconstitucionalidad contra este Decreto-Ley andaluz, y lamenta que el SAS haya decidido sacar adelante esta iniciativa “pese al rechazo que su anuncio ha generado entre los distintos agentes sanitarios, tanto colegios de farmacéuticos, como la industria farmacéutica y la distribución”.