Critican el ‘cataloguiño’ gallego, el proyecto de licitación pública de principios activos de Andalucía y la “supresión” de medicamentos en la prescripción electrónica de Castilla-La Mancha



31 ene. 2011 16:54H
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Redacción. Madrid
Oficinas de Farmacia, distribución, e industria farmacéutica, tanto Farmaindustria como Aeseg, se han unido para lanzar un manifiesto conjunto en el que muestran su rechazo ante las restricciones a la prestación farmacéutica adoptadas o anunciadas por varias comunidades autónomas.

En concreto, el sector farmacéutico en bloque ha puesto su punto de mira en el catálogo propio de medicamentos (Galicia), el proyecto de licitación pública en determinados principios activos y productos sanitarios (Andalucía) o la supresión de medicamentos en la prescripción electrónica (Castilla-La Mancha).

De izquierda a derecha: Raúl Díaz-Varela, presidente de Aeseg; Jordi Ramentol, presidente de Farmaindustria; Carmen Peña, presidenta del Cgcof; Antonio Mingorance, presidente de Fedifar. Suman fuerzas para poner coto a los recortes autónomicos.


Según indica el manifiesto, estas medidas "introducen diferencias de acceso e inequidades entre los ciudadanos españoles en función de la comunidad en la que residen". Por ello, reclaman que "se respeten las competencias del Ministerio de Sanidad, Política Social e igualdad" y se "vele por la aplicación de la distribución de competencias" para mantener la unidad, cohesión e igualdad de acceso de los pacientes a la prestación farmacéutica en toda España.

El texto ha sido firmado por los presidentes del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (Cgcof), Carmen Peña, la Federación de Distribuidores Farmacéuticos (Fedifar), Antonio Mingorance, la Asociación Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica (Farmaindustria), Jordi Ramentol, y la Asociación Española de Fabricantes de Sustancias y Especialidades Genéricas (Aeseg), Raúl Díaz-Varela.

25.000 empleos menos y casi 3.000 millones en pérdidas por los decretos de marzo y mayo

Tal y como explican en este documento, los dos reales decretos aprobados por el Gobierno en marzo y mayo de 2010 pueden conllevar "un elevado coste en términos de pérdida de empleo", estimando unos 25.000 despidos entre industria, distribución, oficinas de fgarmacia y proveedores. El impacto económico de estas normativas asciende a 2.855 millones de euros anuales (un 14% de la facturación del sector), argumentan.

Asimismo, denuncian que los retrasos en los pagos a los proveedores --tanto industria como oficinas de farmacia-- están "estrangulando" el normal desarrollo de su actividad, con "consecuencias imprevisibles si esta situación se prolonga más en el tiempo".


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