Redacción Médica
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ELA y LAB critican el traspaso de competencias relativas a las bajas

Afirman que suponen un "robo de las ompetencias ya trasnferidas"

Martes, 11 de enero de 2011, a las 18:23

Redacción. Bilbao

Los sindicatos LAB y ELA han afirmado que la resolución de la Secretaria de Estado de la Seguridad Social por la que se fija que determinadas Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y del Instituto Social de la Marina (ISM) asumirán competencias en relación con la gestión de la prestación por incapacidad temporal desde el primer día de la baja es un "robo de las competencias" ya transferidas.

Adolfo Muñoz, secretario general de ELA.

En una rueda de prensa en Bilbao, en la que han estado presentes Arantza Sarasola e Ibon Zubiela, de LAB, y Leire Txakaltegi y Janire Landuce, de ELA, han indicado que "es mentira que se igualen las competencias", como dice la resolución que entró en vigor el pasado 26 de noviembre, dado que es "mayor la de la INSS".

A juicio de ambos sindicatos, esta medida tendrá "graves e importantes consecuencias para la clase trabajadora y la población", dado que a partir de ahora en la incapacidad temporal (baja) por contingencias comunes (enfermedad común y accidente no laboral), desde el principio de la baja hasta el día 365, los médicos del INSS y del ISM van a tener las mismas competencias que los inspectores médicos de los departamentos de sanidad".

Según han dicho, la medida implica, además, que el INSS "se arroga el derecho a ser el único que dé la baja por recaída por la misma o similar patología", por lo cual en los siguientes 180 días a la fecha del alta emitida por el INSS, sólo el propio INSS (o ISM) puede dar una baja por la misma o similar patología.

Las centrales sindicales han indicado en este sentido que si un médico de cabecera da la baja, un facultativo del INSS, "sujeto más a criterios económicos que médicos, podrá decidir darnos el alta, y ese parte de alta será efectivo a todos los efectos desde el día siguiente, sin que la inspección sanitaria de los departamentos de Sanidad vasco y navarros "puedan hacer nada al respecto", frente a lo que sucedía "hasta ahora, cuando el INSS tenía la capacidad plena sobra la baja dada por un facultativo del servicio público de salud, a partir de los 12 meses".

Para ELA y LAB ésta "es otra de las consecuencias" de las políticas de contención del gasto público que el Gobierno de Zapatero ha puesto en marcha, a la vez que supone también "un ataque" al sistema sanitario vasco, dado que los facultativos del sistema sanitario público no van a tener capacidad de decidir qué le prescriben al paciente, "ya que todo va a depender del criterio económico de un médico del INSS o del ISM".

Además, según han dicho, el papel de la Inspección médica de los Departamentos de Sanidad "queda claramente en entredicho", porque hasta ahora "en caso de discrepancia y propuestas de alta del INSS o del ISM, era la Inspección Médica de los departamentos de sanidad, basándose en el criterio del personal médico de los servicios de salud, quien dirimía la situación con un criterio única y exclusivamente sanitario".

LAB y ELA han asegurado que la modificación aprobada "profundiza en el despropósito de que el INSS, una administración de ámbito estatal sin actividad sanitaria directa, al tratarse de una competencia ya transferida a las Comunidades Autónomas, pueda dictaminar sobre las posibilidades de curación o no de un paciente, incluso en contra del criterio médico del servicio de salud".

En ese sentido, ELA y LAB rechazan esta medida porque "descapitaliza al sistema sanitario público dejando en entredicho la profesionalidad de los médicos del sistema sanitario público, y limitando su capacidad de actuación", "roba competencias trasferidas" y "supone un paso atrás en el derecho a la salud de la clase trabajadora, dejando su salud al albur de criterios económicos".

Por ello, han asegurado que ante esta medida las centrales responderán judicial y sindicalmente mediante "la movilización y la lucha", para "impulsar un modelo diferente en el que la salud sea un derecho en sí mismo, donde primen los criterios sanitarios por encima de los económicos y donde dispongamos de instrumentos propios para ordenar y gestionar nuestras necesidades sanitarias y las prestaciones económicas de la seguridad social".