15 nov 2018 | Actualizado: 18:25

El transporte no urgente atasca el acuerdo entre CCAA

Hemodiálisis, oncología y rehabilitación están centrando el debate entre la ministra y los consejeros

Martes, 30 de octubre de 2012, a las 02:28

María Márquez. Madrid
Cumplidos los seis meses que el Real Decreto 16/2012 otorgaba para que la Comisión de Prestaciones del Ministerio definiese las patologías que se incluyen dentro del futuro transporte sanitario no urgente, la realidad es que si bien desde Sanidad aclaran que prosigue “el trabajo con las autonomías”, a día de hoy no hay acuerdo sobre las exclusiones ni sobre los importes máximos. Las prestaciones con las que comparte cartera común suplementaria (farmacéutica, ortoprotésica y dietética) han corrido mejor suerte. El aumento del copago en los medicamentos funciona desde julio y las otras dos esperan fijar precios máximos en el Consejo Interterritorial.

Mato, en primer plano, tras un Consejo Interterritorial.

Desde el Paseo del Prado admiten que “la desigualdad” con la que las autonomías gestionan el transporte no urgente “no hace tan fácil” el quórum como con el copago farmacéutico, por ejemplo. El traslado de pacientes de hemodiálisis de sus casas a los centros de salud ha acaparado gran parte del protagonismo del debate de esta prestación, y mientras que la consejera navarra Marta Vera anunciaba el pasado mes de junio en el Parlamento Foral que estos enfermos “estarían exentos del copago” y entrarían en la categoría de “transporte urgente programado”, fuentes del Ministerio de Sanidad solo apuntan que el interés del Ministerio y las autonomías es que “no afecte a todos estos pacientes o al menos a una gran parte de ellos”, sin dejar clara la exclusión con la que cuenta la consejera navarra.

El Real Decreto 16/2012 estipuló en su redacción original que el porcentaje de aportación del usuario de la cartera común suplementaria se regiría por las mismas normas que regulan la prestación farmacéutica, tomando como base de cálculo el precio final del producto sin que se aplique el mismo límite de cuantía a esta aportación”. Si ciertas ortoprótesis contaban hasta el momento con aportaciones fijas, los enfermos crónicos renales y los oncológicos estaban exentos de ellas.

24.000 pacientes en toda España

Es la estimación de la cifra actual de pacientes que reciben hemodiálisis en los 344 centros acreditados. Procede de la Federación Nacional de Asociaciones para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón (Alcer), desde la que aseguran no tener noticias sobre en qué derivará finalmente la decisión de Ministerio y autonomías y confían en que los pacientes con menos recursos estén exentos de cualquier tipo de copago.

La exclusión de la diálisis y la oncología, “impensable” para la Consejería de Canarias

Brígida Mendoza.

Desde la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias no se baraja la supresión del transporte no urgente en hemodiálisis, oncología o rehabilitación ya que, como aclaran a Redacción Médica fuentes de la Consejería, “para muchos pacientes significaría el no poder acudir al tratamiento”. No obstante, señalan que al ser competencia del Ministerio, la definición de la cartera suplementaria la tiene que marcar el Gobierno de España.

En situaciones como oncología y diálisis, insisten desde el equipo de Brígida Mendoza, seria “impensable ya que es en estos servicios de alto coste y vitales para la persona, donde se hacen màs manifiestos los principios de solidaridad y cohesión del SNS”.

Ciertas autonomías del PP tampoco comparten el proyecto ministerial

Julián Pérez Gil.

En la misma línea que la consejera canaria se manifiesta el director general de Osakidetza, Julián Pérez Gil, quien además apunta que en el debate de la comisión preparatoria del Consejo Interterritorial también algunas comunidades del PP expusieron sus divergencias con el proyecto ministerial de copago para el transporte sanitario no urgente. Pérez Gil recalca que el PSOE del País Vasco es rotundamente “contrario” al sistema de copago propuesto porque lo considera una “penalización a enfermos de diálisis, oncología o rehabilitación con prescripción médica”. Además, resalta las dificultades de logística para el reembolso del pago que fuesen a hacer los pacientes, ante lo que el Ministerio, asegura Pérez Gil, no ha planteado ninguna fórmula por el momento.

Andalucía advierte de que el copago conlleva un efecto disuasorio

María Jesús Montero.

La Consejería de Salud y Bienestar Social de Andalucía, liderada por María Jesús Montero, añade el peligro del factor de disuasión a sus valoraciones. “Creemos que con esta medida habrá personas que por su situación económica no puedan permitirse el transporte no programado y no puedan seguir el tratamiento, lo que podría repercutir negativamente en su salud”, señalan desde la Consejería andaluza.

Por otro lado, insisten en recordar que “la sanidad pública ya se paga vía impuestos de los ciudadanos por lo que no compartimos ninguna medida adicional de copago, ni de servicios ni de medicamentos, que suponen la quiebra del modelo sanitario actual, público y universal”.

El último Interterritorial dejó también al margen a los ortoprotésicos y dietoterápicos

Teniendo en cuenta que el proyecto normativo que contempla su regulación fue incluido en el Consejo Interterritorial (CI) del 27 junio, ha sido una sorpresa que en la última reunión de Mato y los consejeros, el pasado 3 de octubre, no se zanjase el importe máximo de financiación para la ortoprótesis y el factor de facturación común en lo que a dietoterápicos se refiere. En este segundo caso, la labor de consenso debería ser más fácil ya que, como ha apuntado el propio Ministerio, los productos y precios máximos “ya estaban fijados, solo hay que fijar precios reales”. Si el equipo de Mato continúa con su compromiso de convocar un CI cada dos meses, podría ser la última reunión del año, ya en diciembre, la que arrojase luz sobre estos asuntos pendientes coincidiendo también con la presentación de la cartera común básica del Sistema Nacional de Salud.