El sindicato de médicos apoya la jubilación forzosa a los 70

Redacción. Palma
Mientras el Gobierno de España quiere retrasar la edad de jubilación a los 67 años, el Gobierno balear se la impone a los médicos a los 65 años, en contra de la opinión mayoritaria del colectivo y del deseo de muchos de continuar hasta los 70, tal y como se hacía hasta que el Ejecutivo autonómico aprobó lo contrario a petición del Ib-Salut y se negó reiteradamente a dar marcha atrás.

Isidro Torres, presidente de Simebal.

Por este motivo, Simebal ha interpuesto sendos recursos contenciosos ante el Tribunal Superior de Justicia contra los llamados planes de ordenación de recursos humanos (PORH) del Ib-Salut que imponen la jubilación forzosa a los 65 años, que se hallan pendientes de sentencia.

“Queremos jubilación voluntaria a los 65 años para quienes acrediten aptitud psicofísica para seguir en el desempeño de sus funciones y así seguir aportando nuestra experiencia, conocimientos y dedicación a nuestra profesión”, asegura el sindicato

En junio de 2007, a instancias del Gobierno de Rodríguez Zapatero, el Congreso aprobó el Estatuto Básico del Empleado Publico, por el que impone la jubilación forzosa a los 65 años, en lugar de a los 70, obligando así a numerosos funcionarios a jubilarse, cuando habían manifestado su deseo de continuar trabajando.

Ahora, sólo tres años después, mantiene que esta medida es insostenible y es necesario retrasar la edad obligatoria de jubilación a los 67 años.

En lo que respecta a Baleares, el Gobierno ha aprobado tres planes de ordenación de recursos humanos del Ib-Salut, el último hace ocho mes (BOIB 13-5-2010), con un solo artículo, el destinado a imponer la jubilación forzosa a los 65, una medida rechazada por los sindicatos y, lo que es peor, aprobada para frenar las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (Tsjib), en las que señalaba que no podía jubilar forzosamente a los 65 años sin un contar con un plan de ordenación de recursos humanos.

Esta decisión judicial llevó al Gobierno a poner en marcha el plan con la finalidad de zanjar el tema, convirtiéndolo en un texto parcial, que sólo se limitaba a imponer la jubilación forzosa a los 65, y no en un instrumento global de planificación de los recursos humanos, que es lo que tiene que ser legalmente un documento de estas características.