Que garantice que el nivel de gasto per cápita se mantendrá en los períodos de ajuste fiscal



17 nov. 2013 14:21H
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Redacción. Madrid
El PSOE defenderá el próximo martes ante el Pleno del Congreso de los Diputados una proposición no de ley en la que promueve un pacto de Estado del Bienestar para asegurar en los presupuestos el gasto en sanidad, educación, servicios sociales y dependencia. En concreto, la iniciativa insta al Gobierno a establecer un ‘suelo social’ para los gastos en la materia, que garantice que el nivel de gasto per cápita se mantendrá en los períodos de ajuste fiscal y podrá crecer en los períodos de expansión.

José Martínez Olmos, portavoz de sanidad del PSOE en el Congreso de los Diputados.

Así, puntualiza que ese ‘suelo social’ se concreta en una carta de derechos, prestaciones y servicios sociales básicos con la definición de mínimos para todo el territorio, un pacto del Estado de bienestar con las comunidades autónomas y plenas garantías de igualdad de tales derechos básicos para todos los españoles.

Ante la necesidad de reducir el déficit, el PSOE critica que las comunidades autónomas gobernadas por el PP están centrando sus recortes en las partidas sociales. “Lo que permite deducir que esa será la línea de actuación que secunde el Gobierno presidido por Mariano Rajoy”, ha subrayado. “Los socialistas queremos hacer compatible nuestro compromiso con la estabilidad presupuestaria y con nuestro objetivo político de impulsar la igualdad de oportunidades y proteger a los que menos tienen. Por eso defendemos una composición de los ajustes distinta, que permita preservar los gastos en sanidad, educación y servicios sociales básicos”, agregan.

En este sentido, el PSOE recuerda que en 2003 las transferencias sociales disminuían la tasa de riesgo de pobreza menos de un 40 por ciento, mientras que en 2010 en más del 60 por ciento. “Asegurar esas partidas es una forma efectiva de reducir las desigualdades en España”, según apostilla.

Por eso ve necesario articular, en torno a las políticas de estabilidad presupuestaria, un conjunto de garantías que aseguren que las políticas del Estado de bienestar tienen un impacto sobre la igualdad de oportunidades, sobre la salud de los ciudadanos y sobre la inclusión y reactivación de las personas no van a verse afectadas por disminuciones de ingresos o por la desfavorable coyuntura económica.

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