Redacción Médica
21 de julio de 2018 | Actualizado: Viernes a las 18:30
Viernes, 25 de abril de 2014, a las 16:51
Redacción. Madrid
La diputada del PSOE, Ángeles Álvarez, defenderá el miércoles de la próxima semana una proposición no de ley en el Congreso en la que pide al Gobierno que realice una previsión estadística que permita identificar el impacto sanitario y económico de la reforma del aborto como consecuencia de prácticas peligrosas o inseguras en materia de interrupción voluntaria del embarazo y complicaciones derivadas de las mismas.

Ángeles Álvarez defenderá la PNL socialista.

Se trata de una iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que ve conveniente que el Ejecutivo realice en el plazo de seis meses un estudio sobre las consecuencias sanitarias, psicológicas y jurídicas que tendría para las mujeres la aprobación del proyecto de "penalización de la interrupción voluntaria del embarazo".

Inseguridad y mortalidad

Ángeles Álvarez alerta de que la realización de abortos por personas que carecen de la titulación, los conocimientos y las habilidades necesarias, que no garantizan estándares médicos mínimos, o la práctica de abortos autoinducidos, generalmente en malas condiciones higiénicas y sanitarias, es una de las causas "más importantes" en el mundo de mortalidad y morbilidad maternas. Según defiende, la práctica de abortos inseguros supone complicaciones como el aborto incompleto, la sepsis o infección generalizada, hemorragias y lesiones en órganos internos, como perforación o desgarro del útero.

Así, considera que los pasos dados hasta el momento por el Gobierno en materia de iniciativa legislativa para "penalizar" la interrupción voluntaria del embarazo supondrán "indiscutiblemente" que las mujeres que no cuenten con recursos suficientes para pagarse una intervención profesional en otros países recurran a la práctica generalizada de abortos clandestinos e inseguros. Ya en 2004, señala que la Asamblea Mundial de la Salud, órgano decisorio supremo de la Organización Mundial de la Salud cuya función principal es determinar las políticas de esta organización, estimaba que "los abortos peligrosos se cobraban cada año la vida de 68.000 mujeres, representando un 13 por ciento del total de defunciones relacionadas con el embarazo".

A juicio de Álvarez, la reforma del aborto supondrá una circunstancia que implicará la necesidad de prever en el Sistema Nacional de Salud toda una serie de procedimientos de atención postaborto que permitan el cuidado de las consecuencias pandémicas del aborto inseguro. Por todo ello, le pide que tenga en cuenta las infecciones o lesiones intraabdominales, las embolias por bombeados en el útero, lesiones cervicales y shock endotóxico, la ruptura del saco amniótico en la matriz con objeto punzante o alambre, la introducción de mezclas tóxicas, la retención de tejido, las reacciones tóxicas a la autoadministración de medicamentos abortivos de venta libre o medicamentos obtenidos ilegalmente, así como inyecciones vaginales de distintas soluciones jabonosas.