El PSOE no consigue que se investiguen los contratos de Sanidad en el periodo 2007-2010

Redacción. Santa Cruz de Tenerife
El Parlamento de Canarias, con 21 votos a favor y 27 en contra, ha rechazado la solicitud del Grupo Socialista en la que pedía que la Audiencia de Cuentas emitiese un informe de fiscalización sobre la legalidad de las contrataciones llevadas a cabo por la Consejería de Sanidad, directamente o a través del Servicio Canario de Salud (SCS), en 2007, 2008, 2009 y 2010.

Mercedes Roldós, ex consejera de Sanidad.

Además de la solicitud socialista, tampoco fue respaldada una enmienda in voce presentada por el Grupo Popular en la que se solicitaba que este informe de fiscalización no se circunscribiese a la Consejería de Sanidad, sino que se extendiese a todo el Gobierno de Canarias.

El diputado socialista Manuel Fajardo, encargado de defender la proposición, ha recordado que esta solicitud está basada, en primer lugar, en un informe de la Intervención Delegada de la Consejería de Economía y Hacienda en el SCS, de fecha 6 de octubre de 2008, en el que se advertía de la tramitación de documentos contables por contratos menores a favor de un mismo interesado y con cargo a la misma clasificación económica, que superaban individualmente el límite establecido por la Ley canaria de contratos del sector público para los contratos menores.

En segundo lugar, el contenido de la propuesta del PSC-PSOE se basa el procedimiento seguido para el concurso de adjudicación del servicio de hemodiálisis de los hospitales Doctor Negrín y José Molina, cuya cuantía superaba los 120 millones de euros.

Estos hechos, según el diputado socialista, justifican "de sobra que aquellos que defienden la preservación de los principios de publicidad, concurrencia y la transparencia de la adjudicación de contratos tienen que tener el apoyo de la Cámara" porque, a su juicio, "no creo que podamos quedar impasibles a hechos como que en 2009 la Audiencia de Cuentas publicó en un informe que los contratos nulos adjudicados por el SCS en fueron 27.771".

Por parte del Grupo Parlamentario Popular, la diputada Mercedes Roldós ha comenzado su intervención tildando la propuesta de "cacería política" como la que los socialistas "hacen con camarillas policiales y a las que están tan acostumbrados".

En este sentido, la ex consejera de Sanidad asegura que no entiende que el PSC-PSOE haya presentado una iniciativa en la que exigen el cumplimiento de la Ley de contratos del sector público para los años 2007, 2008, 2009 y 2010 cuando esa Ley se aprueba en octubre de 2007, se publica en el BOE el 31 de octubre de 2007 y tiene 6 meses para su entrada en vigor.

Roldós ha querido aclarar que la Consejería de Sanidad y el SCS, al igual que el resto de departamentos del Gobierno, son sometidos a la fiscalización de la intervención general, además a la audiencia de cuenta, y tienen interventores delegados en cada uno de los centros de gastos y que cada uno de los expedientes de contratación son visados y autorizados no sólo por los servicios jurídicos, sino también por los interventores delegados, que al final de cada año hacen un expediente de gestión.

Para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, el diputado José Miguel Barragán ha señalado que el PSC-PSOE no puede pretender que se haga una investigación de todos los contratos que ha hecho la Consejería de Sanidad en el periodo 2007-2010, “eso es materialmente imposible, al igual que la petición del Partido Popular, ya que para ello habría que fabricar cinco o seis audiencias de cuentas".