Redacción Médica
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El PSOE exige al Gobierno que favorezca la contratación de investigadores

Sostiene que las normas vigentes han impedido la incorporación de nuevo personal

Domingo, 19 de enero de 2014, a las 13:52

Jesús Caldera.

Redacción. Madrid
El PSOE ha registrado una proposición no de ley en el Congreso en la que pide al Gobierno que favorezca la contratación de personal investigador en consorcios y en organismos públicos. Se trata de una iniciativa presentada por el exministro y actual diputado socialista Jesús Caldera para su debate en la Comisión de Economía y Competitividad de la Cámara Baja.

“De no variar las normas muchos de estos organismos se verán abocados a despedir a valiosísimos investigadores, lo que supondrá una pérdida irreparable para los proyectos que desarrollan”, dice la proposición. “Obsérvese que esta situación absurda se aplica incluso a organismos que tienen recursos suficientes para mantener a ese personal, pero que se ven obligados a desprenderse de los mismos” en razón a las normas vigentes, que detalla en su exposición de motivos.

En primer lugar, recuerda el decreto ley de diciembre de 2011 que prohibió la incorporación de nuevo personal en el sector público para 2012, salvo que la contratación se derivara de ofertas de ejercicios anteriores, y estableció que no se podrían efectuar contrataciones temporales salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que se restringirían a sectores, funciones y categorías de profesionales que se consideraran prioritarios.

El PSOE señala también que las leyes de Presupuestos Generales han ido incluyendo esta prohibición para los ejercicios 2013 y 2014. A su juicio, esto implica, en el ámbito del sector público, que únicamente caben contrataciones temporales y siempre que sean excepcionales, impidiéndose el carácter de fijeza.

Es más, sostiene que esta limitación impide la contratación indefinida no sólo en el sector público sino también en los consorcios participados mayoritariamente por las administraciones y organismos que integran el sector público. “Esta prohibición se extiende a investigadores de excelencia que desarrollan programas punteros de los que depende el buen bien de los proyectos de investigación”, indica.

A su vez, argumenta que estas normas afectan también al programa Ramón y Cajal, que ha supuesto un “elevado esfuerzo económico” realizado por parte de las arcas públicas para formar a investigadores cuya máxima potencialidad se obtiene en el largo plazo, pero las normas mencionadas abocan al despido de muchos de ellos por las limitaciones establecidas.

Pide contrataciones indefinidas

Por ello, Caldera indica que el Grupo Socialista ha presentado enmiendas a dichas disposiciones de prohibición, y en concreto, las referidas a la contratación de personal de las fundaciones del sector público y de consorcios, con el fin de que las contrataciones que pudieran realizarse en este ámbito, aunque excepcionales, fueran indefinidas o temporales.
“Todo ello con la finalidad de poder dar continuidad al empleo creado, y en este caso, a unos proyectos de investigación que dependen de la estabilidad del investigador. Y también para evitar de nuevo la fuga de cerebros, cuya captación o recuperación era uno de los fines perseguidos por el Ramón y Cajal”, ha subrayado.

Así, insiste en que instituciones de la máxima relevancia con un “notable impacto” en la ciencia española y europea se van a ver afectadas por las decisiones incorporadas en las sucesivas leyes generales de Presupuestos a cuyos efectos considera también que “no es suficiente” la enmienda aprobada en el Senado para este 2014 por la que se excepcionan dichas limitaciones a la contratación de 25 investigadores con certificación de excelencia académica.

Por todo lo anterior, el PSOE insta al Gobierno a permitir la continuidad del personal investigador en fundaciones públicas, consorcios y organismos públicos de investigación, amenazados por el despido debido a las limitaciones establecidas a su permanencia por las leyes de Presupuestos, con la finalidad de que se puedan realizar contrataciones, aunque excepcionales, bien de carácter indefinido o temporal, para dar continuidad al empleo creado y a proyectos de investigación que dependen de la estabilidad del investigador, así como evitar de nuevo la fuga de cerebros.