Redacción Médica
23 de septiembre de 2018 | Actualizado: Domingo a las 18:00

El PSOE dice “sí” a la Subcomisión del Pacto esperando que Mato convierta el RD en un proyecto de ley

El PP se queda solo defendiendo las medidas publicadas en el BOE, que el Pleno ratificará el día 16

Martes, 08 de mayo de 2012, a las 23:22
María Márquez / Imagen: Miguel Ángel Escobar. Madrid
La creación de la Subcomisión por el Pacto por la Sanidad ha concentrado la tensión de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales celebrada este martes en el Congreso. Pese a que el redactado de CiU no es del todo de su agrado, el PSOE ha dicho “sí” a un grupo de trabajo rechazado por la Izquierda Plural y Grupo Mixto, cuyos portavoces Gaspar Llamazares, Caridad García y Joan Tardà, han abandonado la sala en el momento de su votación; mientras que Toni Cantó, portavoz de UPyD, sí ha respaldado la propuesta. El apoyo socialista tiene un condicionante: que el PP acepte convertir el Real Decreto 16/2012 en proyecto de ley, algo que a una semana de su ratificación en el pleno de la Cámara baja (día 16) parece poco probable. Si se cumplen estos pronósticos, el PSOE rechazaría finalmente la Subcomisión en una futura votación plenaria.

La Comisión ha sido presidida por el popular Mario Mingo (centro); el vicepresidente primero Antonio Román (PP); la vicepresidenta segunda, María Soledad Pérez (PSOE);  el secretario primero, José María Alonso (PP); y el secretario segundo, Guillem García (PSOE).


10 miembros

El Real Decreto 16/2012 ha marcado un punto de inflexión en las posibilidades de acuerdo parlamentario. Así lo ha admitido Conxita Tarruella, portavoz de CiU e impulsora de la citada Subcomisión. Como el PSOE, el Grupo Mixto y la Izquierda Plural, Tarruella ha demandado al Partido Popular que la norma se tramite vía proyecto de ley, petición que no ha sido confirmada (ni lo será, previsiblemente) por su portavoz, Manuel Cervera, quien ha insistido en que la reforma obedece a que la sanidad “sería insostenible” sin dichos cambios, con un panorama marcado por la “deuda a los proveedores” y “presupuestos irreales de las autonomías” que marcaron, en su opinión, la etapa del Gobierno de Zapatero.

Previo a las votaciones del orden del día, el presidente de Comisión de Sanidad, Mario Mingo, ha anunciado el preacuerdo sobre la formación de la citada Subcomisión: PP (3 miembros); PSOE (2 miembros); CiU (1 miembro); Izquierda Plural (1 miembro); UPyD (1 miembro), Grupo Vasco (1 miembro) y Grupo Mixto (1 miembro). A continuación, populares, socialistas, CiU y UpyD han dado el visto bueno a su creación, tras el abandono de la sala de los portavoces de la Izquierda Plural y el Grupo Mixto. Llamazares había manifestado minutos antes su rechazo a crear “una comisión del desacuerdo, o de la imposición de la mayoría sobre la minoría”, resaltando a la par que el RD 16/2012 “rompe todas las bases del acuerdo parlamentario”. Para el portavoz de Izquierda Plural (IP), impulsar la Subcomisión en estos momentos de crispación política supondría que estuviese “vacía de contenido o ser una cortina de humo”. Además, Llamazares ha criticado que el redactado de CiU dude de la sostenibilidad del SNS, idea compartida por el portavoz del PSOE, José Martínez Olmos.

A la izquierda, los portavoces del Partido Popular y UPyD, Andrea Fabra y Toni Cantó. A continuación, José María Alonso, del PP y el portavoz de Sanidad del PSOE, José Martínez Olmos.

El acuerdo

Seis proposiciones y media aprobadas (una parte de la PNL presentada por la socialista Rosa Aguilar sobre apoyo a las personas con síndrome de Down) sobre un total de 10 dan buena cuenta del notable grado de acuerdo experimentado este martes en la Comisión de Sanidad, a excepción del último y polémico punto anteriormente referenciado. En materia sanitaria, el consenso unánime se ha producido de cara a la consideración de la fibromialgia como enfermedad incapacitante, presentada por el Grupo Mixto (con enmiendas transaccionadas de PP, IP y PSOE); el Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia propuesto por el PP (también con enmiendas transaccionadas); la coordinación interautonómica de los cribados, presentada por el PP (con transaccionadas de CiU y PSOE); la promoción de la hospitalización domiciliaria en el SNS en los supuestos “en los que resulte recomendable desde el punto de vista sanitario y social”, del PP (tras aceptar la enmienda de CiU y una de las presentadas por el PSOE); y la universalización de la asistencia sanitaria pública, presentada por el PSOE, con enmienda aceptada del PP.

El portavoz del PP en la Comisión, Manuel Cervera, habla con los miembros de la mesa presidencial minutos antes de comenzar la sesión. A la derecha, la secretaria de Políticas Sociales del PSOE, Trinidad Jiménez, y el portavoz de la Izquierda Plural, Gaspar Llamazares.

Desacuerdo en crónicos, Dependencia y el recorte de 7.000 millones

El consenso no ha sido posible en tres planteamientos de índole sanitaria (dos del PSOE y uno de la Izquierda Plural). Por un lado, la extensión de programas de mejora de la calidad asistencial en pacientes crónicos polimedicados, PNL en la que la portavoz socialista Guadalupe Martínez ha rechazado la enmienda del PP defendida por Antonio Román sobre la necesidad de actuar ante la “medicación en exceso” que reciben “muchas veces” dichos pacientes, en referencia a las medidas adoptadas en el RD 16/2012. Por otro lado, Rosa Aguilar ha sido la encargada de justificar la "reposición" del calendario acordado en la Ley de Dependencia, derogado en el RD 20/2011 del 30 de diciembre, que no ha contado con la complicidad de la popular Susana Camarero, quien ha recordado que el 61 por ciento del gasto del presupuesto del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se dedica al Sistema de Atención a la Dependencia y que “los grandes dependientes ya están atendidos en el sistema, mientras que los moderados, están atendidos por los servicios sociales”.

Gaspar Llamazares ha calificado el recorte adicional de 7.000 millones de euros a las partidas sanitarias recogido en el RD 16/2012 de “inconstitucional” porque el artículo 43 del mismo sobre protección de la salud es “una materia vetada” para este tipo de normas, y en segundo lugar, ha argumentado que es un “escándalo público” que se realice esta “profunda contrarreforma del SNS sin debate”. Como portavoz del PP, Manuel Cercera ha defendido la reforma emprendida por Mato rechazando, una vez más, rumores de privatización sanitaria y de falta de homogeneidad y cobertura sanitaria, y ha instado a Llamazares a “examinar los sistemas del resto de la UE para ver que el español es el más social de todos”. Desde el PSOE, en opinión de Martínez Olmos, el RD debe convertirse en PNL “para solucionar lagunas jurídicas”, recalcando que “no contribuirá a mejorar la sostenibilidad del SNS”. Y mientras que UPyD se ha decantado por la abstención, Conxita Tarruella (CiU) se ha manifestado en términos muy similares a los socialistas, asegurando que dicha norma “daña a la sociedad”.

En la primera imagen, de izquierda a derecha, los portavoces Rosa Aguilar (PSOE), Luis Carlos Sahuquillo (PSOE) y Susana Camarero (PP). A la derecha, Carles Campuzano y Lourdes Ciuró, de CiU.

Los portavoces de Sanidad del Partido Popular y del PSOE, Manuel Cervera y José Martínez Olmos. En la siguiente imagen, Conxita Tarruella, portavoz de CiU, comenta enmiendas con la diputada del PP, María Felicidad Rodríguez.

Las diputadas del PP Susana Camarero y Marta Torrado; y a continuación, la portavoz de Consumo del PSOE, Pilar Grande.