Redacción Médica
21 de julio de 2018 | Actualizado: Sábado a las 20:00

El PSE propone que Osakidetza gestione las altas y bajas de los trabajadores

Critica que la reforma de la Ley de Seguridad Social abre la puerta a la privatización

Lunes, 01 de junio de 2015, a las 12:40
Redacción. Vitoria
El PSE-EE ha propuesto que Osakidetza asuma la gestión de las altas y bajas de los trabajadores en la Seguridad Social, en lugar de que lo hagan las mutuas privadas. Con ese objetivo, la parlamentaria Gloria Sánchez ha registrado una proposición no de ley en el Parlamento vasco, en la que pide al Gobierno autonómico que no suscriba convenios para estas funciones con mutuas privadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Gloria Sánchez.

El PSE ha explicado que la última reforma de la Ley de Seguridad Social “supone que las mutuas entren en el ámbito de la sanidad pública”. La parlamentaria socialista ha advertido de que este cambio “puede implicar que se vulneren derechos de los trabajadores y se abra la puerta para una privatización de la sanidad pública”. La proposición reclama un plan para integrar progresivamente en el sistema público a los trabajadores de la función pública cuya salud laboral esté contratada con mutuas.

Sánchez ha alertado de que, de esta forma, “se deslegitima al médico de cabecera y a la Inspección Médica del Sistema Público de Salud”, y se puede “permitir que sea el propio empresario el que determine cuándo y cómo da de alta y baja por enfermedad común a los trabajadores”.

“Esta reforma supone que las mutuas entren a controlar los partes de alta y baja de los trabajadores”, lo que “facilita la expansión a otros ámbitos de la acción protectora de las mutuas y oculta la privatización del ámbito de la gestión de la Seguridad Social y la asistencia sanitaria”, ha advertido.

Por otra parte, ha asegurado que la reforma también implica “el riesgo de detraer recursos que con la normativa anterior hubieran ido al Fondo de Reserva de las Pensiones de la Seguridad Social”. Según ha explicado, al abrir las puertas a la suscripción de convenios de las comunidades autónomas con esas entidades, “se permite también que se usen recursos y servicios diagnósticos del sistema público para fines privados”.