El proyecto de ley para la ejecución del Plan de Sostenibilidad de los Servicios Públicos entrará en vigor en junio

Leticia Díaz.

Redacción. Santander
La consejera de Presidencia y Justicia, Leticia Díaz, ha anunciado que el proyecto de Ley de Cantabria de Medidas Administrativas Económicas y Financieras para la Ejecución del Plan de Sostenibilidad de los Servicios Públicos aprobado por el Consejo de Gobierno entrará en vigor el próximo mes de junio.

La consejera ha asegurado que la motivación que mueve al Gobierno a adoptar estas medidas es la “responsabilidad” y ha querido transmitir a la ciudadanía un mensaje de tranquilidad, asegurando que “el Gobierno está haciendo todo lo posible para salir de la crisis, con el objetivo de generar riqueza y potenciar la creación de empleo”. Díaz ha destacado el carácter “coyuntural y temporal” de estas medidas y ha señalado que se han diseñado con “absoluta responsabilidad”, de manera, que la forma en la que afecten a los ciudadanos se reduzca en la mayor medida posible.

El proyecto de Ley se tramitará con carácter de urgencia. La consejera de Presidencia ha asegurado que es probable que a lo largo de la tramitación parlamentaria sea necesario introducir algún tipo de enmienda porque las reformas que el Gobierno de la Nación está adoptando puedan afectar a algunos artículos.

Una parte de la norma es la relativa a las nuevas tasas la recaudación, como es el céntimo sanitario y la otra parte está centrada en el ahorro, en el cambio de modelo de gestión administrativo y la reordenación de los efectivos en el ámbito administrativo. Además de la reorganización del ámbito fundacional y de empresas públicas, el anteproyecto recoge tres supresiones de carácter temporal que afectan al Consejo de la Mujer, el Consejo de la Juventud y el Consejo Económico y Social.

Leticia Díaz ha realizado un repaso del “esfuerzo adicional y los motivos que nos han llevado a aprobar esta propuesta”. Los datos más relevantes que obligan al Gobierno de Cantabria a aprobar este proyecto de Ley son el déficit definitivo del año 2011 que alcanzó el 4,1 por ciento, así como los ingresos de 1.800 millones de euros o la obligación de devolver al Estado 490 millones de euros, por los anticipos que gastó el Gobierno anterior PRC-PSOE y que fueron mal calculados por el Gobierno socialista de España.

La consejera se ha referido también a las facturas no contabilizadas ni presupuestadas en los cajones del SCS, que se han ido incrementando hasta alcanzar un importe de de 274 millones de euros y las pérdidas acumuladas en las empresas públicas en 6 años que han sido de 260 millones de euros, de los cuales 50 millones corresponden al año 2011.

La presente Ley tiene por objeto la adopción de una serie de medidas extraordinarias dirigidas a propiciar la reducción del déficit público de la Comunidad Autónoma, materializando el compromiso adquirido con el Gobierno de la Nación en el marco de las obligaciones asumidas por España en el ámbito de la Unión Europea. Las medidas que contempla la Ley contribuyen a los objetivos de aceleración en la reducción del déficit de sostenibilidad fiscal, por la doble vía de reducción de gastos e incrementos de los ingresos.