Redacción Médica
22 de septiembre de 2018 | Actualizado: Sábado a las 20:00

El PRC insta a autorizar la venta de la vacuna de la varicela

Considera “un grave error” la prohibición actual y advierte de las consecuencias

Viernes, 13 de junio de 2014, a las 15:58
Redacción. Santander
El Grupo Parlamentario Regionalista ha presentado una proposición no de ley en la que insta al Gobierno de Cantabria a "invertir en prevención" e incluir en el calendario vacunal de la comunidad autónoma la vacuna de la varicela para los niños más pequeños, entre 1 y 3 años.

Concepción Solanas.

La iniciativa será defendida en el pleno del próximo lunes, 16 de junio, por la diputada Concepción Solanas, quien también reivindicará el levantamiento de la prohibición de vender esta vacuna en las farmacias cántabras, según ha informado el PRC en un comunicado.

Solanas considera "un grave error" la postura defendida hasta ahora por el Ejecutivo cántabro en contra de la venta y administración de la vacuna a niños pequeños, porque es contraria a las recomendaciones de las principales sociedades científicas de pediatría, que apuestan por su administración a edades tempranas en base a criterios médicos.

Cree por ello que el debate del próximo lunes es una oportunidad para clarificar las razones por las que Cantabria ha decidido evitar una vacuna que la mayoría de los pediatras aconsejan dispensar.

La diputada ha rechazado además la petición trasladada por el Ejecutivo regional al Ministerio de Sanidad para que prohíba la venta de este fármaco en Navarra, la única comunidad autónoma que junto a las ciudades de Ceuta y Melilla lo incluye en su calendario vacunal.

"La cuestión no es prohibir en Navarra, sino tenerla disponible en Cantabria para que las familias puedan decidir en base a los consejos de sus pediatras", ha precisado.

A su juicio, la vacunación contra la varicela no sólo es "un avance indiscutible para la salud" de los más pequeños, sino también "una herramienta para garantizar un mejor funcionamiento del sistema sanitario", al reducir costes indirectos y jornadas laborales en los centros asistenciales públicos.