El PP pide que la ley limite la libre designación a los puestos directivos

María José Sáenz de Buruaga; el presidente autonómico y secretario general del Partido Regionalista, Miguel Ángel Revilla; y la secretaria general del PSC-PSOE, María Dolores Gorostiaga.

Javier Barbado. Madrid
El Grupo Parlamentario del Partido Popular en Cantabria ha presentado 39 enmiendas parciales al Proyecto de Ley de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias, que, unidas las expuestas por los Grupos Parlamentarios Socialista y Regionalista, suman 58 alegaciones a la iniciativa legislativa del Gobierno autonómico.

Las alegaciones fueron presentadas en la Asamblea Regional el día 8 y han sido admitidas a trámite por la Mesa de la Comisión de Sanidad, que ahora deberá plasmar su valoración en un informe que trasladará, a su vez, a la Junta de Portavoces y a la Mesa del Parlamento. Ambos órganos se reunirán el mismo día, como es habitual, y emplazarán a la celebración del Pleno, donde se debatirá por fin la futura ley.

Entre las correcciones al proyecto que proponen los populares, destaca su intención de limitar la libre designación de cargos en la Administración a los puestos directivos, lo que excluye de este procedimiento las jefaturas de unidad, coordinadores, supervisores y responsables, al tiempo que se suprimen los “concursos a la carta para puestos singularizados” como jefaturas de Servicio y de Sección.

Así lo ha expuesto la propia portavoz del Partido Popular en la Asamblea Regional, María José Sáenz de Buruaga, en un comunicado remitido a Redacción Médica en el que justifica el rechazo de esta formación al proyecto gubernamental y reconoce, al mismo tiempo, la necesidad de establecer una normativa reguladora de esta índole “para modernizar y adecuar el régimen de empleo del personal estatutario a las necesidades y peculiaridades del servicio público sanitario de Cantabria”.

En opinión de Sáenz de Buruaga, la propuesta de ley que se debate en la cámara regional “confunde el compromiso con el sistema sanitario con el compromiso con sus gestores”; se expresa por medio de un texto “de marcado carácter ideológico”; y pretende “restringir al máximo la participación del personal” dejando en evidencia “la escasa consideración y reconocimiento que se otorga a la función profesional”.

De hecho, el bloque de enmiendas más numeroso se encamina a corregir la planificación y ordenación de los recursos humanos “para que pasen de ser papel mojado a instrumentos útiles y eficaces sobre los que asentar nuestra organización”. En este sentido, sobresale la propuesta de dotar de mayor relevancia a los Planes de Ordenación del personal e incluir la consulta a la Mesa Sectorial en la selección de las plantillas, ya que se considera que la transparencia en este proceso responde “al secreto mejor guardado del Servicio Cántabro de Salud”. Por último, la enmienda incluye la supresión del Observatorio de Recursos Humanos “cuya falta de regulación en la propia norma le priva de significado útil y justificación”.

Jubilación forzosa y plazas vinculadas

La portavoz parlamentaria también aclara que, de prosperar las enmiendas de su partido, se regulará la jubilación forzosa de los sanitarios cántabros y se permitirá a los enfermeros optar a la categoría de personal emérito. Asimismo, los populares rechazan el “atropello que se pretende cometer con los titulares de las plazas vinculadas” que, de acuerdo con el proyecto legislativo, quedarían desprovistos de ese derecho de forma automática a partir de los 65 años de edad. En caso de fructificar la enmienda, los profesores en esa situación conservarían sus plazas hasta su jubilación en el cuerpo de funcionarios docentes al que pertenezcan.

En cuanto a las retribuciones complementarias, Sáenz de Buruaga subraya que, con la alegación presentada, la jornada complementaria “es la definida como tal en el Estatuto Marco” y el complemento de atención continuada “se aplicará a las guardias debiéndose negociar en mesa sectorial su compensación”. Además, la portavoz popular se apresura a aclarar que, con su proposición, dejará de poder utilizarse este complemento “para justificar pagos o retribuir funciones que se están retribuyendo hoy sin ningún encaje normativo”.