Redacción Médica
20 de septiembre de 2018 | Actualizado: Jueves a las 16:40

El PP pide medidas de atención psicológica y jurídica para las agresiones a personal sanitario

Laura Garrido, su portavoz de Sanidad, exige además acciones dirigidas a minimizar las situaciones que surjan

Martes, 27 de mayo de 2014, a las 21:37

Laura Garrido.

Redacción. Bilbao
El Partido Popular pedirá el próximo jueves, en el pleno del Parlamento vasco, implantar diferentes medidas de atención psicológica y jurídica para "paliar los efectos de las agresiones que padece el personal sanitario", además de prevenir "posibles incidentes" en el futuro.

A través de una moción que será debatida en el Pleno, la parlamentaria popular Laura Garrido reclamará medidas encaminadas a prestar atención psicológica y asesoramiento jurídico, así como acciones orientadas a dotar a los profesionales de la seguridad, organización y formación necesarias para minimizar las posibles agresiones que puedan sufrir en sus centros de trabajo.

La portavoz popular en materia de Sanidad defenderá también estudiar la implantación en los centros sanitarios de la figura del comunicador en contacto con pacientes y familiares para evitar situaciones de angustia que puedan propiciar este tipo de violencia. "A través de los representantes del personal de enfermería y auxiliar de enfermería, hemos conocido en este Parlamento las situaciones de violencia que en numerosas ocasiones padecen en el ejercicio de su trabajo. Por eso creo que el Gobierno vasco no puede mirar hacia otro lado, sino que debe adoptar medidas que ayuden a reducir, paliar y prevenir estas agresiones", ha insistido.

Garrido ha recordado que los datos ponen de manifiesto que en este terreno "aún queda camino por recorrer" y, para ello, ha considerado "imprescindible" un esfuerzo coordinado entre el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad y las Consejerías de Sanidad de las Comunidades Autónomas.

La iniciativa del PP contempla poner en marcha el foro creado en el año 2008 para el estudio de la violencia en el ámbito sanitario, además de comparecer en la Cámara vasca en el plazo de cuatro meses para dar cuenta de las medidas adoptadas y de su implantación.