El PP propone que la Ley de Ciencia permita contratos temporales para proyectos de investigación específicos

Redacción. Madrid
Los grupos parlamentarios de Senado ya han presentado sus enmiendas a la Ley de Ciencia, la Tecnología y la Innovación. El Partido Popular ha presentado 88 enmiendas, Entesa Catalana de Progrés 87, CiU 32, y Senadores Nacionalistas y Grupo Mixto siete cada uno. El principal partido de la oposición demanda, entre otras cosas, que los Organismos Públicos de Investigación de la Administración General del Estado podrán contratar personal técnico de carácter temporal para la realización de proyectos específicos de investigación científica y técnica. Con ello, explica el Grupo Popular, “se pretende abarcar el máximo posible de vías de contratación”.

Antonio Alarcó, portavoz del PP en Comisión de Ciencia.

También el PP solicita que en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley, “el Gobierno elaborará un estatuto del personal investigador predoctoral en formación, que deberá someterse a informe previo del Consejo de Política Científica y Tecnológica”. La enmienda recoge que dicho estatuto sustituirá al actual Estatuto del Personal Investigador en Formación, e incluirá las prescripciones recogidas en la presente ley para el contrato predoctoral.

Otra enmienda apuesta por que la administración pública, organismos públicos y universidades adecúen el número de plazas para ingreso de personal laboral fijo en cada uno de sus centros al número de investigadores con contrato de acceso al sistema español de ciencia. El Plan Estatal de Innovación, a juicio del PP, debe ser revisado con periodicidad anual y dichas revisiones “podrán dar lugar a su modificación o prórroga”. También apuesta por reservar, en todos los procesos selectivos de personal, un cupo no inferior al 5 por ciento para personas con discapacidad.

Entesa Catalana de Progrés defiende que las modalidades de contrato de trabajo del personal investigador serán “las previstas en la legislación laboral”. La enmienda señala que “las particularidades de la actividad y el desarrollo profesional de quienes se dedican a la investigación no justifican, de ninguna manera, una regulación que contemple modalidades contractuales que no estén previstas en la legislación laboral aplicable actualmente al conjunto de los trabajadores y trabajadoras”. Por su parte, CiU pide que el Gobierno cree, en el plazo máximo de un año, la Agencia Estatal de Investigación y aprobará su Estatuto. Este estatuto, dice el documento, deberá ser informado previamente a su aprobación por el Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación y por el Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación”.