10 dic 2018 | Actualizado: 18:30

“El PP estudia la desgravación fiscal del seguro privado”

Argumenta que el aseguramiento voluntario descarga el sistema sanitario público

lun 07 marzo 2011. 18.45H

Ricardo López / Javier Barbado / Imagen: Miguel Ángel Escobar. Madrid
La máxima responsable de Sanidad en el principal partido de la oposición ha recibido a Publicación de Sanidad Privada en su despacho del Congreso de los Diputados, donde ostenta el cargo de vicepresidenta segunda, y ha recalcado su preocupación por el desarrollo profesional y la planificación de recursos humanos en el sector sanitario tanto público como privado. Asimismo, Pastor anuncia que su partido estudia la desgravación fiscal del seguro médico privado (dada la descarga que supone para el Sistema Nacional de Salud); medidas como la reducción del IVA en los servicios y productos sanitarios (incluidos los medicamentos); la revisión del IRPF para aquellas empresas o particulares que contraten pólizas de seguros (decisión en la que algunos gobiernos autonómicos tienen competencia); o la continuidad de la mutualidad general de funcionarios civiles del Estado (Muface), respecto a la cual echa de menos una declaración pública del Gobierno garanizándola.

La entrevistada se muestra favorable a la reducción de impuestos para compensar la contribución de la sanidad privada, y ve la normativa de la UE sobre sanidad transfronteriza como una oportunidad para la privada.

¿Cómo valoran usted y su partido la provisión privada de la sanidad dentro del sistema?

En primer lugar ha de recordarse que tanto la Ley de Cohesión y Calidad como la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias contemplan –como no podía ser de otra manera– la asistencia sanitaria del sector privado como un elemento no sólo a tener en cuenta, sino también como la actividad de un sector muy importante en el que hemos de velar por su calidad, debido al valor añadido que tiene y, desde luego, por que los profesionales sanitarios de que dispone tengan un desarrollo profesional.

Todo ello, marcado en la ruta de de ambas leyes, está todavía por desarrollar. Por lo tanto, seguimos manteniendo ese espíritu, el que contempla tanto la LOPS como la Ley de Cohesión y Calidad para toda la sanidad de nuestro país, pública y privada.

¿Qué pasos considera que habría que dar con vistas a una integración real de la sanidad privada y la pública que evitase duplicidades y doble consumo de recursos, máxime en un momento de crisis económica como el que vivimos?

Precisamente por eso hay que buscar sinergias y, desde luego, lo que tienen que hace los poderes públicos, en el caso concreto del Ministerio de Sanidad, es marcar un panorama estable en el que se sepa qué se quiere de cada uno de los actores del sistema sanitario.

Nosotros tenemos un Sistema Nacional de Salud que es un sistema público, universal y que ha de ser accesible para todos los ciudadanos. Pero en este momento, como saben, la sanidad privada está prestando sus servicios en buena medida para el sector público (en los servicios regionales de salud) y también, por así decirlo, como sector propio y exclusivamente privado. Como también presta servicios para más del 80 por ciento de las personas que eligen la mutualidad de funcionarios civiles del Estado.
 

Ana Pastor explica la posición de su partido con relación a la importancia y continuidad del modelo Muface.

Si los grupos parlamentarios logran, en un momento dado, alcanzar un Pacto de Estado por la Sanidad, ¿cuál cree que debería ser el compromiso incluido en ese acuerdo con relación al sector sanitario privado?

Como sabe, uno de los motivos por los que no se llegó a un acuerdo fue, en primer lugar, el hecho de que sea muy difícil llegar a un pacto entre los partidos políticos cuando quien es el partido que sustenta al Gobierno no reconoce el principal problema que tiene la sanidad en nuestro país, que es la existencia de un agujero [económico] con la cifra de números rojos más elevada que hemos tenido: una deuda acumulada de más de 15.000 millones.

Otro motivo muy importante, entre otros muchos (como que [el posible Pacto] no abordaba en profundidad la política de recursos humanos, no daba soluciones a una nueva Ley de Salud Pública, etc), era la mutualidad de funcionarios civiles del Estado, que, con la redacción que se presentaba, no tenía el apoyo de prácticamente ningún partido político (no sólo el Partido Popular, tampoco PNV ni CiU la apoyaban). Se pide el compromiso del Gobierno para que se preserve el modelo de la sanidad de los funcionarios civiles del Estado, que, como saben, es un modelo público, para todos los funcionarios, en el que éstos tienen la capacidad de elegir siempre entre el aseguramiento público y el privado. Pero con una característica que es bueno que yo explique, y es que los funcionarios de Muface son los únicos españoles que pagan dos veces, es decir, que financian con sus impuestos la sanidad de todos los españoles y que pertenecen a un régimen –el de funcionarios, no porque ellos lo decidan, sino porque así lo dice la ley– y además lo pagan. Por lo tanto, es un sistema que está funcionando bien y que está sirviendo de algún modo para ser los pies, manos y piernas, en muchos casos, del sector privado de nuestro país.
 

La responsable de Sanidad del Partido Popular aclara los motivos que han impedido un Pacto por la Sanidad, entre otros la ausencia de compromiso explícito del Gobierno para preservar el modelo Muface.

El retorno de la desgravación fiscal en el IRPF por consumo de servicios sanitarios dirigido a quienes pagan por disponer de un seguro privado, ¿es una medida que contemplan?

Como saben, gobernando el Partido Popular se introdujeron beneficios fiscales para las empresas que contrataran pólizas de asistencia sanitaria para sus trabajadores. Es decir, se cambió un modelo bastante caótico y poco transparente basado en la aportación de facturas, a otro en el que muchas empresas optaban por la mejora social de sus trabajadores por medio del aseguramiento.

En este momento, nosotros estamos trabajando en este asunto, y estamos viendo cuáles podrían ser las ventajas y los inconvenientes de la incorporación de beneficios fiscales al aseguramiento, y, dentro de unos días, cuando presentemos nuestro programa electoral, aportaremos la consideración que debería tener a nuestro juicio ese aseguramiento voluntario de muchos ciudadanos, del que es verdad que, en muchos casos, supone una descarga para el sistema sanitario público y para los servicios de salud de las comunidades autónomas.

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