Redacción Médica
20 de julio de 2018 | Actualizado: Viernes a las 14:15

El PP acusa a la Junta de manipular los datos de las listas de espera

Pide la comparecencia de Sánchez Rubio en el Parlamento

Martes, 29 de julio de 2014, a las 15:23
Redacción. Sevilla
El PP ha acusado a la Junta de Andalucía de “manipular y maquillar de forma muy chapucera” los datos de las listas de espera sanitaria y de la deuda con los proveedores sanitarios, que según los populares “supera con mucho” los 1.000 millones, si bien han asegurado que la Oficina de Control Presupuestario de la Junta la cifra en 317 millones.

El senador del PP Jesús Aguirre.

Ante esta situación, los portavoces del PP de Andalucía en el Parlamento y en el Senado, Ana Corredera y Jesús Aguirre respectivamente, han pedido la comparecencia de la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, en el Parlamento regional al inicio del próximo periodo de sesiones.

Según ha explicado Corredera, un informe de la Asociación Defensor del Paciente sitúa a Andalucía liderando el ranking autonómico de listas de esperas, si bien en la web de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales “se puede ver una supuesta comparativa de elaboración propia del Servicio Andaluz de Salud, con unos datos que no sabemos de dónde salen, y que hacen que Andalucía no sea la última comunidad del listado”. De acuerdo con estos datos “maquillados”, más de 320.000 andaluces están en lista de espera en estos momentos, de los que casi 196.000 esperan una consulta con un especialista; casi 96.000 esperan una intervención quirúrgica y cerca de 29.000 están a la espera de una prueba diagnóstica. “No nos creemos estas cifras porque las reales son mucho peores”, ha añadido Corredera.

El aumento de las listas de espera pone de manifiesto los recortes en sanidad, ha advertido la portavoz del PP, que ha advertido que la espera de una primera consulta con un especialista es “imperdonable” e impropia de una “sanidad del siglo XXI”. En su opinión, existe un “cuello de botella” entre la atención primaria y la especializada que pone “en peligro” la salud de los andaluces. Además, Corredera ha apuntado que el PP quiere conocer la memoria de los servicios concertados para saber cuántas personas se han operado en la concertada por sobrepasar el tiempo de espera máximo, así como las medidas que el Gobierno andaluz tomará para reducir las listas de espera.

Facturas pendientes

Por su parte, Jesús Aguirre ha alertado de que la Junta sigue teniendo facturas de proveedores sanitarios “guardadas en los cajones”. “La Junta no paga y está anclada en la cultura de la morosidad endémica”, ha afirmado el senador del PP, que ha insistido en que el Gobierno andaluz debe “más de lo que dice y tarda aún más en pagar”. En este contexto, Aguirre ha asegurado que lo único que ha pagado la administración regional ha sido a través de lo recibido del Plan de Pago a Proveedores y del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), por lo que el Gobierno central le ha sacado “las castañas del fuego”.

Según ha explicado el senador, solo con las empresas que forman parte de Farmaindustria, la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) y la Federación de Asociaciones de Medicamentos Huérfanos y Ultra-Huérfanos la deuda supera los 800 millones de euros, por lo que es previsible que la deuda se elevara significativamente si se añadieran el resto de proveedores sanitarios.

Además, ha advertido que hay facturas sin pagar de años anteriores a 2014, por lo que la Junta no las ha incluido en el Plan de Pago a Proveedores, “sino que permanecían ocultas en los cajones”, por lo que ha pedido a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que “coja el toro por los cuernos” y ponga fin a esa “morosidad endémica” a través de un nuevo plan de pago a proveedores.

Finalmente, Corredera ha denunciado el “cinismo” del Gobierno andaluz al pedir al Ejecutivo central que apoye la subasta de medicamentos y que retire el recurso que tiene interpuesto. Según ha indicado, es la Junta la que “confronta” y la que perjudica claramente a los ciudadanos con una iniciativa “discriminatoria” porque rompe el “mercado único” y supone una “perversión del principio de solidaridad”.