El Parlamento tramitará una iniciativa popular para la defensa de la sanidad pública

Redacción. Santa Cruz de Tenerife
El Pleno del Parlamento de Canarias ha decidido por unanimidad (PP, CC, PSOE y NC-PIL) admitir a trámite la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la Defensa y Promoción de la Salud y la Sanidad Pública Canaria, presentada por el Foro Social Canario por la Salud y la Sanidad Canaria y avalada por unas 25.000 firmas.

Arturo Borges, portavoz del Foro Social Canario por la Salud y la Sanidad Canaria.

Su portavoz, Arturo Borges, ha afirmado que la salud pública canaria presenta "malos indicadores" como la hipercolesterolemia, la más alta de España, una de las más altas de cáncer de mama y hasta 2,5 veces más de afectados de diabetes y ha alertado de que, en tres años, la sanidad canaria ha perdido unos 400 millones de euros que se han traducido en "menos personal, listas de espera disparadas, cierre de camas y colapso de urgencias".

Frente a los recortes, ha dicho que la Administración pone "parches" y que el sistema capitalista "empeora" la salud de la población, y ha pedido más esfuerzos en la "prevención" para poder cambiar el modelo hacia menos enfermedades y menos medicalización.

Para aumentar los recursos, el portavoz del foro ha propuesto una política fiscal "específica" para la sanidad que persiga el fraude fiscal, grave el alcohol, el juego y el tabaco, que sea progresiva y que, incluso, detraigan fondos de la RIC (Reserva de Inversiones Canaria), para obtener la inversión sanitaria que necesita el archipiélago.

Así, se ha mostrado en contra del copago sanitario porque genera desigualdad social, y de la privatización, que avanza "de manera escandalosa" bajo la "coartada" de que faltan infraestructuras públicas "cuando en Canarias, la media de camas es más del doble que la nacional".

Entre otras cuestiones, la ILP solicita la creación de una Agencia Canaria de Salud Pública y un Consejo de Salud Pública, un plan integral de Urgencias y de fisioterapia, la construcción de hospitales comarcales de segundo nivel y públicos en Tenerife y Gran Canaria, controlar la acreditación de los centros privados y reducir progresivamente los conciertos.