El Parlamento insta al Gobierno balear a crear una estrategia contra la obesidad

Redacción. Palma
El Parlamento ha aprobado por unanimidad una Proposición No de Ley (PNL) mediante la cual se insta a la Consejería de Salud y Consumo a elaborar una estrategia integral de lucha contra la obesidad, sobre todo la infantil, debido a que uno de cada cinco escolares de las islas tiene exceso de peso y uno de cada diez es obeso.

Cristina Rita.

Durante la comisión no permanente de Salud de la Cámara balear se ha detallado que los costes directos e indirectos asociados a esta enfermedad representan hasta un siete por ciento del gasto sanitario total y, además, se ha incidido en que se trata de un problema de salud con "graves consecuencias", puesto que la obesidad está relacionada con dolencias como la hipertensión arterial, el cáncer, la diabetes o las enfermedades cardiovasculares.

Asimismo, se ha detallado que la obesidad aparece como consecuencia de los cambios de vida que determinan los adultos, por lo que se ha remarcado que su prevención no debe ser una competencia exclusiva del personal sanitario, sino que las actuaciones deben implicar a toda la sociedad.

Esta proposición ha sido presentada por la diputada del PSOE, Cristina Rita, y en el turno de fijación de posiciones también han intervenido los parlamentarios del Grupo Mixto, Marian Suárez, y Aina Castillo, por parte del PP.

Estudio económico de Cas Serres

Por otra parte, durante esta misma comisión también se ha aprobado una PNL para que el Gobierno elabore en un plazo de tres meses un estudio económico y funcional del Hospital de Residencia Asistida Cas Serres, además el Ejecutivo deberá revisar su financiación de acuerdo con los resultados de éste.

La PNL, que ha sido defendida por Marian Suárez y ha sido aprobada por unanimidad, también contempla un reconocimiento al buen trabajo llevado a cabo por los profesionales de este centro hospitalario.
Este hospital, según ha explicado la parlamentaria del Grupo Mixto, cuenta con 160 plazas y ofrece cuatro unidades de atención. Además, su coste de mantenimiento en el 2009 fue de 7,7 millones de euros y supuso un déficit para el Consejo de Ibiza de 4,2 millones, puesto que el Gobierno aporta 2 millones que representan un 25 por ciento del global.

Según la diputada, es necesario elaborar este informe económico que delimite en qué medida son competentes y responsables de su financiación las diferentes instituciones y, por ello, ha entendido preciso conocer con detalle cuántas plazas están ocupadas y cuál es su coste.