Redacción Médica
16 de julio de 2018 | Actualizado: Lunes a las 08:50

El Parlamento dice ‘no’ a retirar la tarjeta sanitaria a emigrantes en paro

El Gobierno tomará “todas las medidas a su alcance” para evitar su aplicación

Jueves, 06 de marzo de 2014, a las 16:23
Redacción. Vitoria
El Parlamento, con el apoyo del PNV, EH Bildu y el PSE-EE, ha instado al Gobierno a adoptar todas las medidas "a su alcance" para hacer frente a las "restricciones" del Ejecutivo central a la asistencia sanitaria a los ciudadanos que permanezcan en el extranjero más de tres meses y no reciban prestación por desempleo, de forma que mantenga la tarjeta sanitaria a los vascos que se hallan en esta situación.

Kerman Orbegozo, Blanca Roncal y Eva Blanco, parlamentarios de PNV, PSE y EH Bildu, respectivamente.

Esta resolución ha sido aprobada este jueves por el pleno de la Cámara, que ha debatido acerca de este asunto a propuesta de EH Bildu y el PSE-EE. Estas formaciones han acordado una iniciativa con el PNV, que ha salido adelante pese al rechazo del PP y la abstención de UPyD.

El PNV, EH Bildu, PSE y UPyD han denunciado que la disposición adicional a la Ley General de la Seguridad Social aprobada a finales del año por el Gobierno central, junto con la modificación de la Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, conlleva la retirada de la tarjeta sanitaria a colectivos como el de los emigrantes españoles que permanecen más de tres meses en el extranjero y que han agotado sus prestaciones por desempleo.

La Cámara ha expresado su rechazo a la referida disposición adicional de la Ley de Seguridad Social, y pide al Gobierno central que "abandone las políticas restrictivas" de derechos en materia sanitaria.

De esa forma, le reclama que derogue aquellas disposiciones legales que "restringen" el acceso a la asistencia sanitaria a las personas que se encuentran en el extranjero temporalmente, así como que "les garantice la igualdad" en el acceso a la asistencia sanitaria del Sistema Nacional de Salud. Éste ha sido el único de los puntos del texto apoyado por UPyD.

Además, denuncia la "imposición" de estas medidas por parte del Gobierno central, dado que "no respetan" las competencias en materia sanitaria recogidas en el Estatuto de Autonomía y "perjudican gravemente" el derecho a la protección de la salud de las personas que residen en Euskadi.

Por otra parte, insta al Gobierno -que ya expresó su rechazo a la retirada de la tarjeta sanitaria a este colectivo- a que "en el uso de sus competencias", adopte las medidas políticas y jurídicas "a su alcance" para hacer frente a la "imposición" de estas medidas por parte del Ejecutivo central.

Con ese fin, se pide al Gobierno autonómico que "mantenga activa" la tarjeta sanitaria a los vascos que permanezcan en el extranjero más de tres meses y que no reciben la prestación por desempleo, "garantizando el derecho a la asistencia sanitaria pública y universal en Euskadi, con independencia del lugar de residencia temporal y de su situación laboral".

“Sin exclusiones”

La parlamentaria de EH Bildu Eva Blanco ha acusado al Gobierno del PP de "jugar y acabar con el derecho a la sanidad", y ha defendido la necesidad de garantizar una sanidad "universal y sin exclusiones".

Por parte del PSE, Blanca Roncal ha expresado su rechazo a las "restricciones" de la asistencia sanitaria por motivos de "raza, edad o situación administrativa". Además, ha asegurado que este tipo de recortes acaban resultando más caros para las arcas públicas, porque impiden los tratamientos preventivos y tempranos.

El parlamentario del PNV Kerman Orbegozo ha coincidido en que estas medidas no son eficaces para garantizar la "sostenibilidad" del sistema sanitario, y ha censurado los recortes que están sufriendo los sectores más desfavorecidos "con la excusa de la crisis".

Desde UPyD, Gorka Maneiro ha defendido el derecho de los españoles que se ven obligados a emigrar a mantener su tarjeta sanitaria. Además, ha justificado su abstención en la votación porque este asunto debe abordarse desde una visión "de conjunto", no a partir de medidas adoptadas desde cada autonomía.

Por su parte, Laura Garrido (PP) ha defendido las medidas aprobadas por el Gobierno central, dado que, a su juicio, configura un sistema "más justo" y acaba con "fraudes y abusos".