El Parlamento aprueba el dictamen que confirma irregularidades en el caso Margüello

Redacción. Vitoria
El Parlamento vasco ha aprobado el dictamen de la Comisión de investigación del denominado 'caso Margüello' que confirma que durante el periodo 1996 a 2009, cuando el PNV estaba al frente del Departamento de Sanidad, se produjeron irregularidades "reiteradas y continuadas en el tiempo" en los procesos de contratación - sin publicidad y concurrencia-, y en incrementos de precio de los contratos.

Nerea Antia, del PNV, en el Pleno del Parlamento.

El dictamen ha sido aprobado con el respaldo de PSE, PP y UPyD, la abstención de Aralar, EA y EB y el rechazo del PNV. El PSE ha retirado su voto particular en el que daba los nombres de los responsables implicados, mientras que el PNV se ha quedado sólo al defender su voto particular en el que consideraba legales todos los contratos con Medical Dom y Servicios Sanitarios XXI, así como el incremento de tarifas aplicadas.

El texto aprobado afirma que durante el periodo analizado desde 1996 al año 2009 hubo un conjunto de irregularidades "reiteradas y continuadas en el tiempo", que afectaron a los procesos de contratación - sin publicidad y concurrencia-, a los incrementos de los precios de los contratos, y a la aplicación de las subidas de tarifas, especialmente en el periodo 2002 y 2009.

Asimismo, apunta a que las irregularidades se dieron en la contratación concertada en beneficio de unas empresas en las que participaba un grupo de personas que tenían vinculación directa con la Administración Sanitaria pública y señala que en algunos casos, las negociaciones se realizado de manera personal con la Administración.

De esta forma se hace referencia a la vinculación del ex director de Calidad del Hospital de Cruces, José Carlos Margüello, vinculado con las empresas Servicios Sanitarios XXI y Medical Dom a quienes el Departamento adjudicó la concertación de varios servicios sanitarios.

En concreto, el texto afirma que se creó la empresa Gestión de Servicios Sanitarios XXI, 'ad hoc' para beneficiarse del contrato de gestión de listas de espera y que "sólo ha tenido como clientes al Departamento de Sanidad". En este sentido, detalla que se reiteraron las actuaciones "a pesar de las continuas advertencias de legalidad" y subraya que en el caso del incremento de tarifas, "se modificaron a favor de las empresas relacionadas con personas concretas" y "sin la justificación necesaria".

Perjuicio económico

La Comisión ha señalado que los procedimientos llevados a cabo "limitaban la concurrencia", lo que provocaba que hubiera un único licitador en los procesos de contratación "en contra de la imprescindible transparencia". "Se ha producido un perjuicio económico para las arcas públicas, derivado de todas las irregularidades constatadas, que es difícil de calcular y cuantificar", indica.

Además, recuerda que, según la legislación vigente, el personal sanitario de Osakidetza no puede compatibilizar el puesto que tiene en la Administración con la realización de actividades concertadas, ya que estas actividades "son de colaboración con la sanidad pública o actividades concertadas privadas". "Ha quedado claro que en el caso de ciertas contrataciones concertadas, las normas y controles de incompatibilidad en vigor no han sido suficientes", señala.

Finalmente, insiste en que es "difícil de creer" que las irregularidades constatadas "se realizaran sin el conocimiento de los responsables del anterior Departamento de Sanidad" y que "todas las irregularidades constatadas se realizaran sin el conocimiento y participación de los responsables del anterior Departamento de Sanidad".

Entre las recomendaciones que plantea destaca la gestión de las listas de espera directamente por los servicios sanitarios públicos evitando la adjudicación a empresas externas, así como reforzar los controles internos y establecer criterios inequívocos que faciliten la labor de los órganos de control y contratación. El dictamen se remitirá a la Fiscalía para que "se depuren las responsabilidades que con arreglo a derecho correspondan".

El debate

La parlamentaria del PNV, Nerea Antia, ha reiterado la confianza en las personas que dirigieron el Departamento de Sanidad durante la legislatura anterior, ya que "han hecho su trabajo con la mayor honradez y dignidad sin consentir la más mínima irregularidad".

Asimismo, ha criticado que la Comisión tenía escritas las conclusiones "desde el comienzo" y ha denunciado que "ha habido informes con errores han sido base de conclusiones"

La parlamentaria del PSE Blanca Roncal, por su parte, ha resaltado que el dictamen es "una de tantas herencias que el Gobierno anterior dejó sobre las espaldas del nuevo Gobierno vasco del PSE", que "apostó deliberadamente por debilitar la Sanidad Pública, como paso previo para ir privatizandola por la vía de los hechos".

Asimismo, ha defendido que fue el anterior consejero de Sanidad, Rafael Inclán, el "máximo responsable político de este escándalo" y ha insistido en que es "lógico suponer" que las irregularidades se cometieron "con el conocimiento y la participación activa del Departamento". "Toda esta serie de irregularidades que en él se exponen tiene rostros y nombres", ha subrayado.

Para Roncal, el anterior Gobierno intentó "aprovecharse de las insuficiencias de la Sanidad Pública para aumentar de manera abusiva los conciertos con los centros sanitarios privados", lo que "confirma la creación de una trama de intereses privados que han parasitado la Sanidad pública a la sombra del poder político".

La parlamentaria del PP Laura Garrido ha defendido que es "difícil de creer" que las irregularidades constatadas "se realizaran sin el conocimiento de los responsables" del Departamento de sanidad y ha resaltado el hecho de que beneficiaran "al mismo grupo de personas".

El parlamentario de Aralar Dani Maeztu ha anunciado su abstención al dictamen final porque, a pesar de estar "en general" a favor de lo recogido en el texto, cree que "se podría mejorar". En concreto, ha criticado que se afirme que "todas las irregularidades constatadas por la comisión de investigación se realizaran sin el conocimiento y participación de los responsables del anterior Departamentos de Sanidad". "El voto más correcto es la abstención", ha zanjado.

Desde EA, Juanjo Agirrezabala ha afirmado que el dictamen matizado "bastante" las cosas respecto al informe inicial y ha reconocido que se han incorporado datos que antes no había, pero ha criticado que permanecen cuestiones que el informe no aclara.

El parlamentario de EB, Mikel Arana, ha criticado la forma de actuar de la Comisión que "se ha convertido en un auténtico circo durante las comparecencias" y ha denunciado que el dictamen final es "poco parcial" y que los votos particulares "se contradicen". Finalmente, el parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, ha anunciado que hace suyo el dictamen de la Comisión y lo ha respaldado.