Redacción Médica
25 de septiembre de 2018 | Actualizado: Lunes a las 19:05
Lunes, 09 de junio de 2014, a las 18:10
Redacción. Pamplona

Alberto Catalán, presidente del Parlamento.

Un informe de los servicios jurídicos del Parlamento de Navarra ha concluido que el Departamento de Salud del Gobierno foral “ha incumplido” la ley al “no haber remitido al Parlamento, en el plazo máximo de un año, el plan de funcionamiento de los centros sanitarios de Atención Primaria y de las modalidades de atención continuada y urgente con participación de los colectivos sociales relacionados con la materia, procurando el mayor consenso posible”.

La Mesa y la Junta de Portavoces se han dado por enteradas este lunes del informe de los servicios jurídicos acerca de las responsabilidades del Gobierno de Navarra y de la consejera de Salud del Ejecutivo por incumplimiento de la Ley Foral 2/2013, de 14 de febrero, de atención sanitaria continuada y urgente de Navarra y sus consecuencias jurídicas.

Según ha recordado, éste era uno de los dos mandatos del artículo único de la Ley Foral. El otro era la realización de una evaluación de las necesidades de la población de las zonas rurales en esta materia.

Por otra parte, la Ley Foral deroga de forma expresa el Decreto Foral 131/2012 al determinar que, en tanto no se apruebe el mencionado plan, seguirá siendo de aplicación la normativa reglamentaria vigente antes de la aprobación del Decreto Foral 131/2012, es decir, la Ley Foral rescataba la aplicación de los Decretos Forales 351/1992 de 2 de noviembre y 343/1997, de 24 de noviembre.

Además, la Ley Foral impide que se apruebe ninguna normativa de rango reglamentario que pretenda sustituir a la vigente en el momento de la entrada en vigor del Decreto Foral 131/2012, ha expuesto el Parlamento navarro.

Concluye el informe jurídico que el Parlamento de Navarra puede ejercer las facultades que el ordenamiento jurídico le atribuye para “exigir las responsabilidades políticas” al Gobierno foral por su gestión. Según añade, 2la adopción de resoluciones ilegales por los responsables y el personal al servicio de las Administraciones Públicas además de responsabilidades políticas puede acarrear responsabilidades personales en los órdenes civil, administrativo, disciplinario e incluso en el penal”.