Los directores de servicios sociales lo califican como “una tomadura de pelo”



2 dic. 2012 20:22H
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Redacción. Madrid
El Consejo de Ministros ha aprobado elevar en 117 millones el crédito para el nivel mínimo de financiación de la Ley de Dependencia estipulado para 2012 y que la reforma de la ley aprobada en julio recortó un 13 por ciento, según denunció entonces la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Este aumento del crédito, que lo sitúa en 1.405 millones, no es sino un aumento esperado, en tanto en cuanto el Gobierno tiene que hacer frente a una serie de compromisos de pago para la atención a dependientes.

La ministra Ana Mato, junto al secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno (izq.) y el director general del Imserso, César Antón.

Según el Gobierno, este aumento se debe al incremento de personas dependientes con prestación reconocida, exactamente 21.252, según sus datos. Al mismo tiempo, la lista de espera, que a comienzos de año se cifró en más de 305.000 personas, se ha rebajado en 74.087 dependientes, asegura el Ministerio.

Sin embargo, desde la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ponen en duda estos argumentos. “El aumento del crédito es una tomadura de pelo porque es algo que iban a tener que hacer para pagar los compromisos adquiridos”, ha explicado a Redacción Médica el presidente de la asociación, José Manuel Ramírez, que, por otra parte, pone en duda las cifras que aporta el ministerio sobre la lista de espera, ya que entiende que, habiendo dejado fuera del SAAD a los moderados, esa reducción es ficticia. “Efectivamente habrá menos gente en la lista de espera”, señala, “pero a costa de no atender a los dependientes moderados, entre otros aspectos”. Preguntados por esta reducción, desde la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad han informado que las causas de la misma “son variadas y hemos de aguardar a balance de final de año para aportar más precisiones; un porcentaje lo representarán aquellos dependientes que comienzan a recibir prestación; otros porque empiezan a ser atendidos por la red de servicios sociales (generalmente los dependientes de menor gravedad) y habrá un porcentaje, más reducido, que se deriva de defunciones”.

Este aumento contrasta con otras medidas adoptadas a lo largo del último año, como la eliminación del nivel acordado o la rebaja del 15 por ciento en las pagas de las cuidadoras familiares, además de la moratoria hasta 2015 de la entrada de dependientes moderados en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Según el Ministerio, el ahorro generado por estas medidas ha sido de 835 millones.

 

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