Redacción Médica
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El Ministerio oficializa su enfrentamiento con Galicia

Farjas acusa al Gobierno de defender los intereses de la industria ante el anuncio de que el Tribunal Constitucional recibirá en breve el recurso contra su catálogo de medicamentos

Viernes, 11 de febrero de 2011, a las 10:34
María Márquez / redacción. Madrid
El presidente del Gobierno ha dado luz verde a la presentación del recurso de inconstitucionalidad contra la ley gallega de racionalización del gasto en prestación farmacéutica, o lo que es lo mismo, su Catálogo Priorizado de Medicamentos. Por primera vez en la historia democrática, se oficializa un enfrentamiento competencial que en este caso se traduce en el rechazo a la exclusión, según el documento del Consejo de Ministros, de 427 medicamentos que realiza Galicia con respecto al catálogo nacional. Desde el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad (Mspsi), rechazan el argumento gallego sobre “la falta de medidas” del Gobierno central para disminuir el gasto farmacéutico y recuerdan que desde el año 2004 el ahorro es de 7.600 millones de euros, partida incrementada notablemente en 2010 tras los Reales Decretos 4 y 8/2010 y la nueva Orden de Precios de Referencia (en vigor a partir de marzo). Por otro lado, desde el Mspsi resaltan que la consejería que dirige Pilar Farjas “rechazó alternativas” que se le ofrecieron y que este recurso es esencial ya que “puede sentar un precedente para que el día de mañana las autonomías decidan limitar los servicios que prestan”. Por su parte, Pilar Farjas, consejera gallega de Sanidad, ha acusado públicamente al Gobierno de posicionarse "con los intereses particulares" de la industria farmacéutica, asegurando que el citado catálogo "es legal" y que "seguirá en vigor mientras no exista comunicación del Tribunal Constitucional".

Imagen de Pajín y Farjas en el Consejo Interterritorial de Santiago, el pasado 9 de diciembre. Aquí el desencuentro era patente, pero guardaron las formas. Les acompañan los consejeros Cervera (dcha), Nieto, Bañolas y Álvarez-Guisasola.

“Es un clamor que las medidas de ahorro que ha adoptado el Ministerio de Sanidad son efectivas”. El equipo de Leire Pajín se defiende de las suspicacias gallegas con datos: 7.600 millones de euros de ahorro desde su entrada en el Gobierno en 2004, más los dos Reales Decretos mencionados (que suponen 2.500 millones de euros) y la disminución del salario público de los funcionarios, que aportará a las arcas estatales 4.500 millones de euros. “El Sistema Nacional de Salud cuesta un 7-8 por ciento menos con estas medidas estructurales”, recalcan.

Aval de sociedades científicas y defensa ante futuras inequidades

La raíz del problema se encuentra en la prescripción del principio activo. Mientras que ciertas autonomías como Andalucía han impulsado acuerdos con las farmacias para proporcionar al paciente el fármaco más barato, Galicia “impone la marca que se dispensa”, explican desde el Mspsi. Al rechazo del Gobierno suman también la protesta de sociedades científicas como “Semergen o Facme”, que denuncian el “problema para garantizar la calidad y equidad”. Y más allá de competencias, el Gobierno quiere guardarse las espaldas ante futuros intentos de legislación ‘independiente’: “Esto puede sentar un precedente para que el día de mañana las autonomías limiten los servicios que prestan”.

Oídos sordos a propuestas del Ministerio

El Ministerio llama la atención de la radicalidad de la iniciativa de Pilar Farjas cuando su experiencia en la promoción del envase genérico es muy inferior a la media nacional (14,03 frente a 26,65 por ciento en 2010). Esta ha sido, junto a otras como la gestión de la prescripción electrónica, una de las alternativas que Pajín ofreció a la consejera gallega quien, al parecer, hizo oídos sordos. Tampoco está de acuerdo con el modelo andaluz, que siguen exitosamente otras autonomías como Canarias, Extremadura, Castilla La Mancha y Aragón.

Rechazo tajante a supuestas presiones

Desde el Ministerio inciden en que este recurso, pionero en la democracia española, no obedece a razones políticas sino a la “responsabilidad”. También niegan tajantemente supuestas presiones de la industria farmacéutica. “El sector anunció sus propios recursos contra el acuerdo”, argumentan.

Farjas: "El Gobierno se sitúa junto a los intereses particulares de la industria farmacéutica"

Pilar Farjas en rueda de prensa.

El recurso "no modifica la situación de legalidad" del Catálogo Priorizado de Medicamentos de Galicia. Estas fueron las primeras palabras de la consejera de Sanidad, Pilar Farjas, en la rueda de prensa convocada el viernes por la tarde y en la que relacionó sin cortapisas la decisión del Consejo de Ministros con los intereses de la industria farmacéutica: "El Gobierno de España coincide en su argumentación con la industria farmacéutica, que defiende, con absoluta legalidad, sus intereses y beneficios económicos. Por lo tanto, queda en evidencia que mientras la Xunta de Galicia se ha puesto del lado de los ciudadanos, el Gobierno de España se sitúa junto a intereses particulares y contra los intereses generales".

Farjas acusó de incoherencia al Ejecutivo porque días atrás el secretario de Hacienda insistió en la idea de "no demorar en medidas de ahorro de gasto farmacéutico", como practica el gobierno gallego. Además, la consejera recordó las palabras del ex ministro de Sanidad, Bernat Soria, la pasada semana advirtiendo que "el SNS está en peligro", para señalar su sorpresa ante "el ataque a la medida más eficaz y responsable en ahorro de gasto farmacéutico que se ha adoptado hasta el momento en España". 

La titular de la sanidad gallega contradijo el discurso ministerial en otro punto: la exclusión de fármacos que supone el catálogo de esta autonomía. "Galicia financia todos los principios activos. No se excluye ningún medicamento, sino que prioriza los más eficientes y establece cuáles son las situaciones excepcionales en las que pueden requerirse otras presentaciones. Un medicamento no es una marca, es un fármaco con el que se trata una patología, así que todos los gallegos tienen las mismas coberturas de farmacia que cualquier ciudadano de otras comunidades. Decir lo contrario es faltar a la verdad", explicó.

Farjas se preguntó por qué el Gobierno "había tardado más de un mes en presentar este recurso" y señaló motivos atribuibles: “Porque está funcionando: porque se está aplicando con normalidad; porque los gallegos y los profesionales de la sanidad pública de Galicia lo entendieron, y porque parece que alguien teme que se aplique en otras comunidades autónomas; como si gestionar pensando en el interés general fuese negativo”, señaló.

Y siguiendo con el cruce de acusaciones, mientras que el Ministerio dice que Galicia "desechó alternativas" comunes a otras CCAA, la consejera aseguró que "no recibieron respuesta" ministerial después de enviarle al equipo de Pajín la información solicitada  sobre "la única duda jurídica" existente acerca de si el Sergas podría financiar cualquier especialidad farmacéutica incluída en el Nomenclátor nacional, "algo que está recogido explicitamente en la Ley gallega", en palabras de la consejera.

Farjas insistió en que la medida gallega supone un ahorro diario de 300.000 euros y que esta seguirá en vigor "mientras no exista comunicación del Tribunal Constitucional".

Apoyo de Farmaindustria y Fedifar por "evitar la ruptura de la cohesión del SNS"

Jordi Ramentol, presidente de Farmaindustria

Mediante un comunicado, Farmaindustria ha expresado "su satisfacción" por la decisión adoptada por el Consejo de Ministros. "Esta iniciativa legislativa supone una clara invasión de competencias estatales por parte de la comunidad autónoma gallega y constituye una vulneración de la legalidad vigente", reza la nota. En consonancia con lo denunciado por el Ministerio, Farmaindustria recalca que la iniciativa gallega supone un recorte de "los derechos de los pacientes gallegos, atentando contra su equidad en el acceso a los tratamientos disponibles y contra su derecho de acceder a los medicamentos en condiciones de igualdad respecto a ciudadanos de otras comunidades, rompiendo la cohesión del Sistema Nacional de Salud y poniendo en riesgo la unidad de España". 

 

A. Mingorance, pte. de Fedifar

La Federación de Distribuidores Farmacéuticos (Fedifar) también quiso mostrar su acuerdo con la decisión gubernamental. La Federación considera que "la norma gallega vulnera el reparto competencial del Estado, ya que es el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad el que tiene la competencia exclusiva para decidir qué medicamentos se financian en el conjunto del Sistema Nacional de Salud". Fedifar recordó también en su comunicado que  los argumentos del Gobierno son los de "los colegios oficiales de farmacéuticos de Galicia".

El BNG pide a Pajín que comparezca en el Congreso

En el ámbito político, las reacciones no se han hecho esperar. La diputada del BNG en el Congreso de los Diputados, Olaia Fernández Davila, ha solicitado la comparecencia de la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, para que explique la decisión del Gobierno de presentar el mencionado recurso de inconstitucionalidad.

El PSdG pide a la Xunta que "recule"...

El portavoz de Sanidad del PSdeG, Modesto Pose, ha pedido a la Xunta que "recule" si "le queda algo de responsabilidad" recordando que el propio Partido Popular de Galicia ha calificado el recurso de "mala noticia" porque "pone en peligro la sostenibilidad del sistema". Pose ha subrayado, asimismo, que los gobierno autonómicos "sólo pueden incrementar derechos y no reducir las prestaciones".

...Y desde el PSOE le acusan de "empeorar el servicio sanitario"

Desde Madrid, las acusaciones son aún más duras. La secretaria de Bienestar Social del PSOE, Marisol Pérez, ha señalado que el citado catálogo "ni mejora el servicio sanitario, ni la calidad asistencial" de los ciudadanos gallegos, al tiempo que "discrimina y genera desigualdades entre los españoles en el acceso a medicamentos". Además, recuerda al Gobierno de la Xunta que "ponen en evidencia el doble discurso del PP", ya que "denuncian que se rompe España" cuando, a su juicio, "son ellos" los que "invaden competencias del Gobierno de España y no respetan las leyes".