Redacción Médica
15 de julio de 2018 | Actualizado: Domingo a las 18:30
Domingo, 02 de septiembre de 2012, a las 23:07

LA OMC APRUEBA UNA DECLARACIÓN BASADA EN SU CÓDIGO DEONTOLÓGICO
La atención al paciente está al margen de si éste es legal
Pide al Gobierno soluciones para no tener que enfrentarse a dilemas como la objeción de conciencia

Redacción. Madrid
La Organización Médica Colegial (OMC) ha aprobado este sábado una declaración en la que pide atender "en todo momento a todos" los pacientes, al tiempo que ha expresado su "confianza" en que las administraciones sanitarias "respeten el deber deontológico".

Los integrantes de la Comisión Permanente de la OMC, con Agustín Rivero, director general de Cartera Básica de Servicios del SNS y Farmacia del Ministerio de Sanidad (tercero por la izquierda), este sábado.

La OMC ha hecho pública esta declaración tras la celebración de su asamblea general, en la que han transmitido su posición respecto a la entrada en vigor de la norma del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que regula la condición de asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria pública en España. En el documento, esta asociación ofrece "orientaciones deontológicas ajustadas al marco de la profesión médica". Entre ellas la OMC descarta una posible "desobediencia civil" de los profesionales, así como el acogerse a la objeción de conciencia para no cumplir con la norma.

Por el contrario, pide al Gobierno "soluciones que eviten a los sanitarios españoles un dilema" entre la norma y los postulados deontológicos, sin que ello signifique "desconocer los efectos económicos que habrán de encontrar solución administrativamente". En este sentido, ha ofrecido a las autoridades sanitarias la "leal colaboración" de los profesionales, pero reclamando que se respeten las actuaciones basadas en el cumplimiento de los deberes deontológicos de atención urgente, estado de necesidad o requerimientos de continuidad asistencial. "No es cuestión médica como se regulen los trámites administrativos; esto es algo que debe determinar el Gobierno Central en colaboración con las comunidades autónomas, pero el médico, en todo momento, debe atender a todos, independientemente de su situación legal", ha resaltado.

Sanidad coincide en que es un problema deontológico

Por su parte, el director general de Cartera Básica de Servicios del SNS y Farmacia, Agustín Rivero, invitado a la celebración de esta asamblea extraordinaria de la OMC, ha reconocido que la retirada de la tarjeta sanitaria a ilegales que ha entrado en vigor este sábado "preocupa" a los profesionales médicos que se encuentran ante un "problema deontológico".

Aún así, ha asegurado que "ningún paciente va a dejar de ser visto". Rivero considera que un médico "no tiene la obligación de preguntarle a sus pacientes si tienen o no tarjeta sanitaria; otra cosa es la facturación, que es un asunto que corresponde a la Administración", ha añadido.

"El Tribunal de Cuentas ha notificado del problema de facturación del sistema, de los 1000 millones de euros que tienen que recuperarse", ha recordado. Para Rivero, es necesario empezar a cobrar para frenar el turismo sanitario. "No hay que olvidar que hay también en nuestro país europeos ilegales que se prejubilan y actúan como si tuvieran un derecho que en realidad no tienen", ha sñalado.

Todas las CCAA seguirán el real decreto, aunque con protocolos diferentes

En cuanto a las divergencias entre las comunidades autónomas por esta medida, Rivero ha señalado que es el Ministerio el que actúa como autoridad "pero las comunidades tienen potestad de gestión". "Todas seguirán el Real Decreto pero establecerán protocolos de actuación diferentes". Rivero considera que la facturación no es algo nuevo: "La factura llega siempre, otra cosa es que se pueda pagar pero entiendo que de esos 1.000 millones de euros algo se podrá recuperar", ha aseverado.

Seguro médico "de pago"

En cuanto al supuesto "seguro médico de pago" como solución a quienes se quedan sin tarjeta sanitaria, ha asegurado que aún se está recibiendo información sobre cómo implementarlo y ha asegurado que aquellos inmigrantes 'sin papeles' que regularicen su situación también recibirán la factura. "No tenemos que pagar los españoles 1.000 millones de euros", ha indicado.