Redacción Médica
16 de julio de 2018 | Actualizado: Domingo a las 18:30

Sanidad articula cómo facturar al paciente europeo

Lo pondrá en común con las autonomías en el Interterritorial del día 23

Martes, 16 de julio de 2013, a las 11:27

Redacción. Madrid
El pleno del próximo Consejo Interterritorial, que se reunirá el 23 de julio, habrá de consensuar la propuesta ministerial sobre criterios de actuación a la hora de prestar asistencia sanitaria a un ciudadano de la Unión Europea. La Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) o, en su defecto, el Certificado Provisional Sustitutorio (CPS), serán de obligada presentación ya que, de no ser así, el paciente tendrá que abonar los servicios recibidos, pudiendo solicitar el reembolso en su país de origen.

La ministra de Sanidad, Ana Mato, y el comisario
europeo de Salud y Consumo, Tonio Borg.

Tras el acuerdo el próximo martes, las comunidades autónomas se verán obligadas a aceptar la TSE de aquellos que residan en la UE, el Espacio Económico Europeo (Islandia, Liechtenstein y Noruega) o Suiza. De esta forma, el usuario no tendrá que presentar otro tipo de cobertura aseguradora. En el caso de que no porte físicamente la TSE, los centros sanitarios deberán informar sobre la posibilidad de solicitar el CPS para acreditar la cobertura. Si esta segunda opción es inviable, porque el paciente no cuenta con esta identificación, recibirá una factura ajustada “a los precios públicos de los servicios sanitarios”, según ha podido conocer Redacción Médica, y en ella “se desglosará el contenido de la factura en el caso de haber recibido servicios adicionales a los exclusivamente sanitarios”.

Quejas de pacientes europeos en hospitales españoles

El Ministerio de Sanidad se ha visto obligado a tomar esta determinación después de producirse situaciones de conflicto en hospitales de ciertas comunidades autónomas (concretamente Andalucía, Baleares, Canarias, Cataluña y Comunidad Valenciana) en los que los ciudadanos europeos presentaron quejas por la facturación de la asistencia recibida. La primera opción ministerial fue aportar un ‘formulario de consentimiento’ que debería firmar el paciente y que finalmente fue rechazado por la Comisión Europea, que no lo consideró “garantía suficiente” del respeto al derecho de la legislación comunitaria.