El Instituto Cántabro de Servicios Sociales tendrá que hacer recortes para garantizar las prestaciones

Ignacio Diego, presidente de Cantabria; y Cristina Mazas, consejera de Economía.

Redacción. Santander
El presidente regional, Ignacio Diego, ha admitido, en una entrevista en RNE, que el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (Icass) ha consumido ya, en julio, todo el dinero previsto para el pago de la renta social básica y las prestaciones sociales.

En los últimos años esta partida se ha agotado y ha necesitado de sucesivas ampliaciones debido al incremento del número de beneficiarios que ha desencadenado la crisis. Se han multiplicado por seis entre 2008 y 2011. Se trata de partidas ilimitadas, que van siendo ampliadas en función del incremento del número de personas que precisan ayuda.

El caso es que ahora, Diego ha ordenado a la consejera de Economía, Cristina Mazas, que realice ajustes presupuestarios que permitan conseguir dinero con el que garantizar el pago de las prestaciones sociales a partir de agosto. Diego ha advertido que sin esos recortes no están garantizados los pagos. Por ello, ha criticado que “el Gobierno anterior tuvo meses para hacer un ejercicio racional de dirigir el presupuesto y cubrir lo importante, lo fundamental, y no lo hizo”.

Diego está convencido de que con una política distinta se puede “sacar a Cantabria adelante”. Para ello, harán falta “recortes y sacrificios”, con los que se podrá generar riqueza económica y empleo.

Ahora que dispone de “datos concretos”, el presidente quiere primero un “análisis real” de la situación. El presidente ha detallado que se han encontrado que la ejecución presupuestaria del primer semestre del año hay un 75,02 por ciento gastado frente a un 39 por ciento de los ingresos obtenidos, lo que revela que el Ejecutivo anterior “ha sido muy bien dispuesto y ágil a la hora de gastar, y no tan eficaz para cubrir los ingresos”. Se ha quejado de que existen partidas ya comprometidas, que cubren pagos en distintos años, y que el Ejecutivo no puede obviar. A ello se suman los gastos en infraestructuras institucionales “comprometidos" por la financiación estructurada, cuyo uso extendió el anterior Gobierno.