Ha encargado realizar auditorías de gasto y eficiencia, cuyos resultados serán públicos



4 jul. 2011 14:20H
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Redacción. Santander
El presidente de Cantabria, Ignacio Diego, ha asignado tareas prioritarias a las diferentes consejerías y ha establecido las directrices de austeridad que marcarán la acción de su Gobierno. Dichas tareas y directrices vienen recogidas en un decreto del presidente que ha sido enviado al Boletín Oficial de Cantabria (BOC) para su próxima publicación. En el ámbito de Sanidad y Servicios Sociales, el presidente ha destacado como “asuntos prioritarios” el Hospital Valdecilla y las listas de espera.

Ignacio Diego (centro) preside el primer Consejo de Gobierno de Cantabria
de la nueva legislatura.

El titular del Gobierno cántabro ha encomendado a la vicepresidenta y consejera de Sanidad, María José Sáenz de Buruaga, verificar el nivel de compromiso del Gobierno de España con respecto a la financiación íntegra de las obras correspondientes al Plan Director del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. En cuanto a las listas de espera, y previo diálogo con los profesionales del Servicio Cántabro de Salud y representantes de usuarios, ha ordenado redactar un plan de legislatura para reducir los tiempos de espera.

Por otro lado, Diego ha planteado una reorganización en el sistema para implantar progresivamente los Servicios de Pediatría, Obstetricia y Neonatología en el Hospital Comarcal de Sierrallana. Además, este departamento deberá entablar contactos con los Gobiernos de Castilla y León y País Vasco para potenciar los servicios del Hospital de Reinosa y la atención sanitaria a la población de Castro Urdiales y su entorno. Por último, ha solicitado la elaboración de un informe sobre el estado real de las obligaciones económicas contraídas con terceros por el Servicio Cántabro de Salud.

Medidas urgentes “por la difícil situación socioeconómica”

En su exposición de motivos, el decreto explica que la difícil situación socioeconómica de Cantabria y el deterioro de algunos servicios públicos esenciales exigen la adopción de una serie de medidas urgentes. En cuanto a la organización de la Administración, Diego considera necesaria la reforma del sector público autonómico, para lo cual propone una reducción del número de entes y organismos públicos, así como la dotación de mayor transparencia, austeridad y eficacia. También se estima prioritaria la elaboración de un Plan de Racionalización del Gasto Corriente a cuatro años y, para favorecer el objetivo prioritario de la creación de empleo, se adoptará un conjunto de medidas que impulsen la inversión empresarial.

Directrices generales

Entre las cinco medidas generales establecidas por el presidente, destaca la reducción y reorganización de la estructura de las distintas consejerías, así como del sector público empresarial y fundacional de la Comunidad Autónoma. Ello conlleva la reducción del número de altos cargos de cada departamento, tanto en los órganos administrativos como en el conjunto del sector público. Del mismo modo, los consejeros fijarán medidas y objetivos de austeridad en el gasto corriente. Para conocer mejor el estado actual de la Administración, los miembros del Gobierno encargarán auditorías de gasto y eficiencia, cuyos resultados se harán públicos.
 

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