El Gobierno mantiene la incompatibilidad de la pensión y la actividad por cuenta propia al considerarla “un privilegio”

Redacción / Leire Sopuerta Biota. Imagen: Miguel Ángel Escobar. Madrid
El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, ha defendido la medida aprobada por el Gobierno que declara incompatible la pensión de la Seguridad Social con la actividad desarrollada por cuenta propia por los profesionales colegiados. Así lo ha hecho en el Pleno del Senado, en respuesta a una pregunta del PP, formulada por Antonio Alarcó. Para el Gobierno, esta prestación suponía un “agravio” para el resto de trabajadores.

Un momento de la reunión de los senadores del PP con representantes de Unión Profesional Española.

Según Gómez, la situación sigue aún vigente, pues la nueva normativa que entra en vigor el próximo 1 de julio es una “excepción” a la que todavía podrán acogerse los que hayan cumplido los 65 años antes de esa fecha. Asimismo, ha insistido que la situación que ahora se modifica era “una excepción” a la regla general. “Era un privilegio, ¿por qué debe mantenerse?”, ha preguntado al PP, partido que, a juicio del ministro, “se equivoca al defender posiciones privilegiadas”

La postura del PP

El Partido Popular pedirá al Gobierno anular la reciente orden del Ministerio de Trabajo que hace incompatible que las profesiones liberales -médicos, abogados o arquitectos- perciban una pensión de jubilación de la Seguridad Social a la vez que continúan con su ejercicio profesional por cuenta propia. Así lo ha anunciado la portavoz de Empleo del PP, Alicia Sánchez-Camacho, quien se ha reunido este martes en el Senado con representantes de Unión Profesional Española, el organismo que aglutina a los consejos generales de colegios profesionales de España.

En esta reunión, a la que también han asistido por parte de los 'populares' los senadores Dolores Pan, Jesús Aguirre y Antonio Alarcó, la portavoz de Empleo ha dicho que esta orden “vulnera una ley de seguro privado y por tanto, vulnera los derechos de estos profesionales”.

Pan, en declaraciones a Redacción Médica, ha asegurado que este cambio normativo “produce inseguridad jurídica y va a afectar a más de 500.000 profesionales liberales en España, más a todos los trabajadores que trabajen en esas consultas”, algo que “ahonda en la inseguridad y falta de confianza, en un momento como el actual, con tanto paro”. Por ello, ha insistido en que el Gobierno debe anular esta orden ministerial. En este sentido, ha anunciado que presentarán una enmienda a la Ley de Modernización del Sistema de la Seguridad Social, aún en proyecto.