Cermi reivindica ante Ana Mato reformas inclusivas “que no cuestan dinero”



03 dic 2013. 18.24H
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Enrique Pita / Imagen: Pablo Eguizábal
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha participado en el acto conmemorativo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad organizado por el Cermi, donde ha hecho balance de las medidas adoptadas a lo largo de la legislatura en materia de discapacidad, con especial mención al recién aprobado Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, y ha asegurado que el Gobierno ha dedicado más de 40 millones “de las aportaciones solidarias de los españoles a través del IRPF” en 2013 para financiar cerca de 1.000 proyectos liderados por 68 organizaciones.

La ministra de Sanidad, Ana Mato.

El presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno.


El Día Internacional de las Personas con Discapacidad viene acompañado en esta ocasión de una novedad normativa, la citada nueva Ley General de Discapacidad, que unifica todas las legislaciones preexistentes en este ámbito y que, según Mato, supone “un paso adelante”. Así, la ministra ha resaltado que esta norma da respuesta a una demanda histórica del colectivo al reconocer de forma expresa que las personas con discapacidad son portadoras de derechos y los poderes públicos “estamos obligados a garantizar su pleno ejercicio” en todos los ámbitos. En este sentido, y en lo que se refiere al contexto sanitario, Mato ha señalado que la nueva norma establece criterios de coordinación entre administraciones para prevenir la discapacidad y para desarrollar medidas que permitan una atención sociosanitaria integral, eficiente y efectiva.

Asimismo, la ministra, que ha asegurado que “entre todos estamos consolidando un modelo que es referente internacional”, ha recordado otras medidas, como el plan de pago a proveedores, que ha solventado las deudas que las administraciones mantenían con el movimiento asociativo o el Plan Social de Apoyo a ONGs, y ha apuntado que el futuro pasa por el Plan de Acción de la Estrategia sobre Discapacidad, que será la línea que marque las políticas de este ámbito en los próximos años.

Por su parte, el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez Bueno, se ha felicitado por esta nueva normativa, que “blinda derechos, servicios, prestaciones y  apoyos”, y ha reivindicado el papel del colectivo de personas con discapacidad como “parte distinta que aporta valor y riqueza a la sociedad”. Además, ha elevado a los poderes públicos una serie de reivindicaciones de reformas “que no cuestan dinero y que revertirían en la comunidad” y que supondrían mejoras en la situación del colectivo. En este sentido ha destacado la necesidad de poner en marcha un modelo de educación inclusiva o de reformar la normativa de empleo para lograr una mayor incorporación al mercado laboral del colectivo de personas con discapacidad, al tiempo que ha recalcado los beneficios que supondría un modelo de coordinación sociosanitario, tanto en términos de eficiencia como de costes económicos.

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, junto al secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno (izquierda), y el presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno.



A la izquierda, el director general del Imserso, César Antón, junto al director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad del Ministerio de Sanidad, Ignacio Tremiño, y María Isabel Bayonas, presidenta de la Presidenta de la Federación Española de Asociaciones de Padres de Autistas. En el centro, el portavoz del PP en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados, Francisco Vañó, y el consejero delegado de Personalia, Juan Antonio González.



De izquierda a derecha: el presidente de la Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (Feafes), José María Sánchez Monge; el secretario general del Cermi, Alberto Durán; la portavoz de Sanidad de CiU Conxita Tarruella; la directora ejecutiva del Cermi, Pilar Villarino.



La ministra Ana Mato, en el centro, junto a miembros de su equipo y representantes del Cermi.



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