Redacción Médica
24 de septiembre de 2018 | Actualizado: Lunes a las 16:10

El Gobierno establece un nuevo sistema de precios a la baja para los fármacos financiados

Las autonomías deberán adaptarse al copago farmacéutico según renta antes del 30 de junio

Martes, 24 de abril de 2012, a las 10:52
Redacción. Madrid
Tras tres días de retraso en la publicación de las medidas adoptadas por "motivos técnicos", tal y como confirmaron fuentes del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, se da por oficializada la reforma sanitaria propuesta por el ejecutivo. Entre otras medidas, el Gobierno establece un nuevo sistema de revisión de precios a la baja para los fármacos financiados, de modo que, según recoge el Real Decreto ley publicado este martes en el BOE, "sólo se tendrán en cuenta" las reducciones que supongan, "como mínimo", el 10 por ciento sobre el precio industrial máximo en vigor autorizado para la financiación con fondos públicos. Por otro lado, establece que las autonomías deben adaptarse al copago farmacéutico según renta antes del 30 de junio.

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad, Ana Mato.

Con la primera medida referida se pretende que la prescripción de medicamentos y productos sanitarios en el Sistema Nacional de Salud se efectue "en la forma más apropiada para el beneficio de los pacientes, a la vez que se protege la sostenibilidad del sistema", ya que "es uno de los grandes desafíos actuales". "La austeridad en el gasto público, imprescindible en todo momento, ha devenido un objetivo inaplazable. Por ello, resulta necesario, más que nunca, que las decisiones de financiación estén presididas por los criterios de evidencia científica de coste-efectividad y por la evaluación económica, con consideración del impacto presupuestario, en la que se tenga en cuenta un esquema de precio asociado al valor real que el medicamento o producto sanitario aporta al sistema", añade. Por tanto, con esta nueva normativa pretende "sentar las bases para un análisis exhaustivo de los beneficios que un nuevo medicamento o producto sanitario aporta a la sociedad, en general, y al tejido socioeconómico español, en particular, a la hora de decidir sobre sus condiciones de financiación por el Sistema Nacional de Salud".

El copago farmacéutico

Según la nueva norma, "la aportación del usuario será proporcional al nivel de renta que se actualizará, como máximo, anualmente". De esta manera, los activos con una renta igual o superior a 100.000 euros deberán hacerse cargo de un 60 por ciento del precio de los medicamentos, reduciéndose al 50 por ciento si la renta se comprende entre los 18.000 y los 100.000 euros, y al 40 por ciento para las personas cuya renta sea inferior a los 18.000 euros. Además, los usuarios de prótesis, productos dietéticos y del transporte sanitario no urgente también deberán pagar parte del importe de estos servicios.

El objetivo de la reforma sanitaria es conseguir un ahorro estimado de 7.000 millones de euros, de los cuales casi la mitad, unos 3.550 millones de euros, se conseguirá con las medidas antes narradas; la desfinanciación pública de fármacos "obsoletos" o "con menor terapéutico"; un plan para el impulso de medicamentos genéricos, nuevos precios de referencia y el ajuste de los envases a la duración de los tratamientos.

Turismo sanitario

Asimismo, el Gobierno también ha preparado un plan para luchar contra el turismo sanitario y el "uso fraudulento" de la sanidad por parte de extranjeros no residentes en España, con el que se ahorrarán unos 1.500 millones de euros. Para ello, el Real Decreto ley incluye la modificación de la actual Ley de Extranjería y la adaptación completa de la directiva europea relativa al derecho de los ciudadanos de la unión y de los miembros de su familia a circular y residir libremente en el territorio de los estados miembros.

La reforma también establece la creación de una Plataforma de Compras Centralizada para que las comunidades compren de forma conjunta medicamentos hospitalarios y tecnología médica, como ya se hace con la vacuna de la gripe, con la que se generará un ahorro de entre 1.000 y 1.500 millones de euros.

El resto del ahorro procederá de la creación de una cartera de servicios común para todas las comunidades y la implantación de la 'e-salud' (700 millones de euros); mejorando la coordinación entre los servicios sanitarios y los servicios sociales (600 millones de euros); y con la elaboración de un catálogo homogéneo de categorías profesionales que facilite la movilidad entre los servicios de salud (500 millones de euros).