Hay profesionales del Salud dispuestos a seguir garantizando este servicio, anuncian desde la Consejería



2 may. 2012 19:22H
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Redacción. Zaragoza
El consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Ricardo Oliván, ha insistido este miércoles en que se abonará el coste del aborto a las mujeres que lo requieran.

El consejero Ricardo Oliván, en rueda de prensa, este miércoles.

En una rueda de prensa en el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón en Zaragoza, el consejero ha subrayado que se están estudiando varias alternativas para atender a estas mujeres, como por ejemplo, colaborar con otras comunidades autónomas y realizar estas intervenciones con los propios medios del Salud.

No obstante, el consejero ha recordado que la objeción de conciencia de los facultativos de Salud "limita que puedan ser todos los que participen en este tema".

"En breves fechas tendremos una solución, esperemos que esta semana, mientras tanto las mujeres que se vean obligadas a abortar pueden acudir a la clínica que quieran, nos traen la factura y nosotros se la abonaremos", ha detallado Oliván.

En este sentido, el consejero ha recordado que "teníamos hasta ahora dos proveedores, que en realidad era uno, y que no sigue interesado en trabajar con el Gobierno de Aragón".

Pago a proveedores

Así, Oliván también ha explicado que la deuda que se tiene con las dos cínicas es de 800.000 euros y se va a saldar "de la misma forma que la del resto de las empresas, a través del Plan de Pagos a Proveedores a partir de mayo o junio".

"Con este proveedor planteamos una solución concreta que, por lo visto, no ha sido suficiente, no la ha aceptado, queríamos más generosidad por parte de la empresa que no hemos conseguido", ha concluido el consejero.

El consejero ha hecho estas declaraciones después de que el pasado lunes las clínicas acreditadas para la interrupción voluntaria del embarazo en Aragón anunciaran que suspenden su colaboración con el Servicio de Salud Aragonés y dejan de realizar esta prestación para la sanidad pública al haberse acumulado unos impagos de 800.000 euros, sin que su Administración haya ofrecido "una salida viable" a los centros ni haya presupuestado ninguna partida en sus cuentas para 2012 para hacer frente a esa deuda.

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